Perú sin resultados oficiales a dos semanas de las elecciones presidenciales. Renuncias, allanamientos y una cerrada disputa por el balotaje marcan la crisis política.
Lo que debía ser una jornada de reafirmación democrática se ha transformado en la crisis electoral más profunda de la historia reciente del Perú. Catorce días después de que más de 27 millones de peruanos acudieran a las urnas el pasado 12 de abril, el país sigue sin conocer oficialmente quiénes se enfrentarán en la segunda vuelta presidencial. El proceso, marcado por una reforma constitucional que trajo de vuelta la bicameralidad, colapsó bajo el peso de errores logísticos, miles de actas impugnadas y una investigación penal que ha llegado hasta la puerta del máximo responsable de los comicios.
Un conteo paralizado por la complejidad
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) procesó el 100% de las actas, pero la proclamación de resultados está frenada por 5.171 actas observadas que deben ser resueltas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Estos documentos, que presentan inconsistencias o errores de llenado, representan más de un millón de votos que podrían cambiar drásticamente el tablero político.
La complejidad de la nueva cédula de votación —donde se elegían simultáneamente presidente, vicepresidentes, senadores y diputados entre 35 candidatos presidenciales— fue señalada por analistas y observadores internacionales como la causa principal del lento escrutinio. Muchos miembros de mesa, exhaustos tras jornadas de más de 15 horas, cometieron errores materiales que ahora retrasan el desenlace final.
Los resultados al filo: Fujimori espera rival
Según el último reporte de la ONPE (al 95,08% de actas contabilizadas), Keiko Fujimori asegura su lugar en el balotaje con un 17,05% de los votos válidos. Sin embargo, la verdadera batalla se libra por el segundo puesto:
- Roberto Sánchez: 12,03%
- Rafael López Aliaga: 11,90%
- Jorge Nieto: 11,03%
La diferencia entre Sánchez y López Aliaga es de apenas 20.000 votos, lo que ha elevado la tensión al máximo. López Aliaga denunció un «robo» electoral y lanzó amenazas frontales contra las autoridades, asegurando que el proceso fue manipulado para perjudicarlo.
Crisis institucional: renuncias y allanamientos
El clima de desconfianza alcanzó su punto crítico esta semana con la renuncia de Piero Corvetto, jefe de la ONPE, en medio de fuertes críticas por los fallos logísticos del día de la votación, donde más de 60.000 limeños no pudieron sufragar debido a la falta de material electoral en 15 centros de votación.
En la mañana de este viernes, la situación escaló a nivel judicial: la Fiscalía y la Policía Nacional del Perú allanaron la vivienda de Corvetto y las oficinas de la empresa proveedora de servicios informáticos Galaga. El ministerio Público investiga presuntos delitos contra el derecho al sufragio, tras la incautación de equipos electrónicos y la entrega de los pasaportes del ahora exfuncionario por riesgo de fuga.
El camino al 7 de junio
A pesar de las sombras de irregularidades, la Misión de Observación de la Unión Europea calificó el proceso como «transparente pero afectado por la complejidad técnica», destacando una participación ciudadana del 76%.
El JNE prometió entregar los resultados oficiales a más tardar el 15 de mayo, para garantizar que los dos finalistas tengan tiempo suficiente de realizar campaña antes de la segunda vuelta prevista para el 7 de junio. Por ahora, Perú vive en un compás de espera, con una sociedad polarizada que mira con desconfianza hacia las instituciones que deben velar por la voluntad popular.
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