El Senado debatirá la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada el jueves 16 de julio. Habrá cambios clave en el texto y se tratarán pliegos judiciales.
La Cámara de Senadores de la Nación convocó a una sesión especial para el próximo jueves 16 de julio a las 12:00 horas. El eje central del debate será el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La convocatoria se definió en la reunión de Labor Parlamentaria presidida por la vicepresidenta Victoria Villarruel.
El proyecto abarca reformas sobre expropiaciones, desalojos, manejo del fuego y la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. Las modificaciones se revelarán directamente en el recinto sin pasar nuevamente por comisiones.
El cronograma y el temario fueron consensuados este miércoles durante la reunión de Labor Parlamentaria, desarrollada en el despacho de la vicepresidenta de la Nación y titular del cuerpo, Victoria Villarruel. Del encuentro participaron el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, y los principales jefes de bloque, entre ellos Patricia Bullrich (La Libertad Avanza), Eduardo Vischi (UCR), Martín Goerling (PRO), Carolina Moisés (Convicción Federal), Carlos Arce (Encuentro Misionero), Flavia Royón (Primero los Salteños), Agustín Coto (LLA), Natalia Gadano (Moveré Santa Cruz), y los representantes del interbloque Popular, Juliana di Tullio y Fernando Salino.
Un proyecto con múltiples reformas que esquiva las comisiones
El proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, promovido por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y rechazado de plano por el kirchnerismo, obtuvo dictamen de comisión el pasado 20 de mayo. Sin embargo, desde entonces, las negociaciones «puertas adentro» con la oposición dialoguista alteraron de forma sustancial el texto original. Fuentes parlamentarias confirmaron que existieron un total de 14 versiones de la iniciativa y que el dictamen original «cambió mucho».
Uno de los cambios más trascendentes y de los primeros en conocerse fue la eliminación del capítulo referido al Registro Nacional de Barrios Populares de Argentina (ReNaBaP). La propuesta busca introducir modificaciones de fondo en materia de expropiaciones (Ley 21.499), desalojos (códigos Civil y Comercial, y Procesal Civil y Comercial de la Nación), la compra de tierras rurales por parte de extranjeros (Ley 26.737) y la Ley de Manejo del Fuego. A pesar de la magnitud de las reformas introducidas, se acordó que estas modificaciones no volverán a debatirse en comisiones, sino que se revelarán de manera directa durante la sesión en el recinto.
Pliegos judiciales y diplomáticos en agenda
Además del eje central de la propiedad privada, el temario del próximo jueves incluirá una treintena de pliegos diplomáticos y judiciales. Entre ellos se destaca la postulación del juez Víctor Arturo Pesino, quien está próximo a cumplir 75 años. Pesino es el camarista que repuso la Ley de Modernización Laboral y dispuso la intervención de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), antecedentes por los cuales el peronismo lo cuestionó con dureza en las audiencias previas. Su pliego formaba parte de la fallida sesión del pasado 25 de junio que no logró obtener quórum.
Asimismo, se tratará el pliego de Tomás Rodríguez Ponte, exsecretario letrado del juez Ariel Lijo, propuesto para el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N°2 de Lomas de Zamora, un tribunal clave ya que tiene a su cargo la causa que investiga a Martín Insaurralde y Jesica Cirio.
Finalmente, dentro del paquete de proyectos menores, se tratará la declaración de San Miguel de Tucumán como Capital Simbólica de la República Argentina el 9 de Julio de cada año.
La agenda post receso: «Ley Hojarasca» y Falsas Denuncias
Los jefes de bloque también definieron la actividad legislativa posterior al receso invernal del personal del Congreso. Se acordó postergar la siguiente sesión para el 6 de agosto, oportunidad en la que se debatirá la denominada Ley Hojarasca, otra de las prioridades del ministro Sturzenegger. Dicho proyecto ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y propone la derogación de cerca de 60 normas que el Ejecutivo considera obsoletas o restrictivas de las libertades individuales.
Para esa misma fecha se prevé el tratamiento del polémico proyecto sobre Falsas Denuncias, impulsado por la radical Carolina Losada. Esta iniciativa permanecía congelada debido a las severas críticas de organizaciones feministas, que advierten que la norma podría desalentar las denuncias por violencia de género. También se incorporarían acuerdos internacionales y, de mediar dictamen en el plenario de las comisiones de Legislación General y Salud Pública, la reforma de la Ley de Salud Mental.
La Reforma Electoral, empantanada y atada a los gobernadores
Por fuera de los consensos alcanzados, la Reforma Política y Electoral que impulsa la Casa Rosada continúa sumergida en la incertidumbre. La jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich, ratificó que la prioridad absoluta del presidente Javier Milei es la eliminación de las PASO. No obstante, la iniciativa choca contra la resistencia de la oposición dialoguista.
«El Gobierno quiere eliminar las PASO y la mayoría de los senadores queremos mantenerlas, pero aún no se abrió esa discusión», advirtió el senador Martín Goerling (PRO), señalando además que el Gobierno todavía no ha remitido un borrador formal con modificaciones. Ante este freno, la administración libertaria baraja alternativas como la suspensión temporal de las PASO (reiterando la excepción de los comicios de medio término de 2025) o la incorporación del sistema de «listas colectoras».
Debido a la falta de votos garantizados en la Cámara Alta —donde también se aguarda el ingreso de la reforma de la Carta Orgánica del BCRA y la modificación del Régimen de Zona Fría—, el destino de la Reforma Electoral se trasladó a la mesa de negociaciones que comanda el jefe de Gabinete, Diego Santilli, con los mandatarios provinciales.
La senadora Carolina Moisés, jefa del bloque Convicción Federal (espacio clave para el quórum que se fracturó del bloque Justicialista de José Mayans en febrero de este año), supeditó la postura de su bancada a las negociaciones federales: “Esperaremos conclusiones de Raúl Jalil, Osvaldo Jaldo y Gustavo Sáenz (gobernadores de Catamarca, Tucumán y Salta) antes de emitir opinión”.
En ese sentido, el oficialismo recibió un guiño positivo por parte del gobernador catamarqueño, Raúl Jalil, quien calificó a las PASO como «una encuesta muy cara» que no fortalece a los partidos políticos. El alineamiento de Jalil resulta estratégico para la Casa Rosada, dado que cuenta con influencia directa sobre legisladores clave en ambas cámaras, como el senador Guillermo Andrada y los diputados de la bancada Elijo Catamarca. El éxito de los planes políticos del Gobierno dependerá de la capacidad de transformar estos acercamientos con las provincias en votos efectivos dentro del recinto.
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