El Gobierno envió al Congreso cambios que afectan pensiones, el empleo formal y los aranceles de salud. Conocé los 5 puntos centrales de la reforma.
El Gobierno nacional envió formalmente al Congreso el proyecto de ley que busca introducir cambios estructurales en el sistema de protección para personas con discapacidad. La iniciativa, que ingresó por el Senado, plantea una reforma integral que apunta tanto a la fiscalización de los beneficios como a la desregulación de las prestaciones de salud.
1. Reempadronamiento y fiscalización estricta
Uno de los pilares del proyecto es el lanzamiento de un proceso de reempadronamiento obligatorio para todos los beneficiarios de pensiones no contributivas por invalidez. El objetivo del Ejecutivo es depurar el padrón mediante un cruce de datos masivo entre organismos como ANSES, ARCA y el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS). Según el texto, cualquier inconsistencia detectada facultará a la autoridad de aplicación para dictar suspensiones preventivas de los pagos.
2. Incompatibilidad con el empleo formal
Quizás el punto más polémico de la reforma es la instauración de una incompatibilidad absoluta entre el cobro de la pensión y la inserción en el mercado laboral registrado. Bajo este nuevo esquema, si una persona con discapacidad accede a un empleo en blanco o se inscribe en un régimen laboral, perdería automáticamente su prestación económica. Este cambio representa un giro respecto a políticas anteriores que buscaban fomentar la inclusión laboral sin que el beneficiario perdiera su red de seguridad mínima.
3. Eliminación de beneficios por zona geográfica e invalidez
El proyecto ratifica que la pensión equivaldrá al 70% del haber mínimo jubilatorio, pero introduce recortes específicos en los adicionales. Se elimina la facultad del Poder Ejecutivo para otorgar aumentos por «zona geográfica desfavorable», una medida que afecta directamente a los residentes de la Patagonia y zonas de frontera. Asimismo, se suprime el plus que se otorgaba en concepto de grado de invalidez laboral.
4. Desregulación de aranceles y prestaciones
En materia de salud, el Gobierno propone una reforma estructural al eliminar el nomenclador de prestaciones. Hasta ahora, el Estado garantizaba aranceles homogéneos para los servicios que reciben las personas con discapacidad. La nueva normativa busca desregular la negociación entre los prestadores de servicios y las obras sociales o empresas de medicina prepaga, permitiendo además que las provincias y la Ciudad de Buenos Aires administren y distribuyan los fondos destinados a la atención médica de manera autónoma.
5. Reforma paralela en Salud Mental
Junto con los cambios en discapacidad, el Ejecutivo incluyó la reforma de la Ley de Salud Mental. El nuevo texto busca ampliar el alcance de la norma, incorporando medidas más estrictas de prevención y rehabilitación, y facilitando procesos de tratamiento que en la legislación vigente contaban con mayores restricciones administrativas.
Un clima de incertidumbre
Mientras el oficialismo defiende la medida como una herramienta necesaria para combatir la corrupción y optimizar los recursos del Estado, organizaciones de la sociedad civil y sectores de la oposición ya manifestaron su preocupación. Advierten que la eliminación del nomenclador y la incompatibilidad laboral podrían empujar a miles de personas a una mayor vulnerabilidad, retrotrayendo el enfoque de la discapacidad a un modelo meramente asistencialista en lugar de uno basado en derechos e inclusión.
El Senado será la cámara de origen donde comenzará a tratarse esta reforma que, sin duda, marcará el pulso de la agenda legislativa en las próximas semanas.
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