Ante la falta de votos en el Congreso, el oficialismo negocia con aliados un proyecto de la UCR para quitar la obligatoriedad de las primarias.
El avance de la reforma electoral, señalada desde el seno de la Casa Rosada como la “prioridad número uno” del paquete político del Ejecutivo antes de las elecciones de 2027, ingresó en una nueva etapa de pragmatismo parlamentario. Tras semanas de parálisis en el Congreso por el fuerte rechazo de sus aliados a derogar las PASO, el gobierno de Javier Milei decidió flexibilizar su postura y aceptar modificaciones al texto original para evitar que el proyecto quede definitivamente empantanado.
El cambio de estrategia se terminó de consolidar tras una reunión clave entre el ministro del Interior, Diego Santilli, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Paralelamente, los operadores de La Libertad Avanza en el Senado —cámara por donde ingresó la iniciativa a fines de abril— reconocieron que el margen para sostener el proyecto a libro cerrado era nulo sin mayoría propia. Ante este escenario, la senadora Patricia Bullrich, y otros interlocutores oficiales intensificaron los contactos con gobernadores y referentes de la UCR, el PRO y bloques provinciales.
La propuesta que hoy corre con más ventaja para destrabar el consenso pertenece al jefe de la bancada de la UCR en el Senado, Eduardo Vischi. En lugar de eliminar las PASO por completo —argumento libertario fundado en el ahorro fiscal y en que las primarias actúan como una «gran encuesta nacional»—, el proyecto radical propone transformarlas en una instancia optativa.
Los ejes del nuevo esquema para las PASO
De adoptarse el modelo alternativo bajo análisis, el sistema electoral argentino incorporaría transformaciones profundas tanto en la logística como en la dinámica interna de los partidos:
- Fin de la obligatoriedad ciudadana: los ciudadanos no tendrán la obligación ni penalidades por no asistir a votar en las primarias.
- Participación partidaria a demanda: aquellas fuerzas políticas o coaliciones que presenten listas de unidad y no tengan competencia interna real quedarán habilitadas para ir directo a las elecciones generales.
- Optimización y preinscripción: se admitirá la preinscripción de votantes para calcular la estimación de participación. Esto permitirá achicar de forma significativa el gasto de organización mediante el ajuste de la cantidad de mesas de votación.
- Fórmulas cruzadas y avales digitales: el candidato presidencial ganador podrá elegir a su vicepresidente entre los precandidatos que compitieron en su mismo espacio. Además, promueve el uso de plataformas oficiales como Mi Argentina para validar la identidad de los electores y certificar avales bajo control judicial.
Ajustes en financiamiento, Boleta Única y Ficha Limpia
La reforma electoral que se negocia a contrarreloj no se agota en las PASO. El paquete oficial que se busca dictaminar incluye otros puntos de fuerte impacto institucional en los que el Gobierno también busca moldear acuerdos:
Ficha Limpia: se reintroduce la prohibición para que ciudadanos con condenas confirmadas en segunda instancia por delitos de corrupción puedan presentarse como candidatos a cargos nacionales.
Asimismo, el proyecto introduce cambios en la Ley Orgánica de los Partidos Políticos para endurecer los requisitos mínimos de afiliados y de representación territorial necesarios para conservar la personería jurídica, buscando reducir el número de «sellos de goma».
En cuanto al financiamiento, se plantea limitar los aportes públicos para campañas, quitar los techos a los gastos de los partidos políticos y aumentar el límite para el financiamiento privado, sumando además restricciones para la contratación de asesores extranjeros durante las campañas electorales. Por último, se debate la incorporación de un casillero para el voto de «lista completa» en la Boleta Única de Papel (BUP), una opción clave para agilizar el voto en caso de que las provincias decidan acoplar sus elecciones a las nacionales.
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