El plenario de comisiones debate cambios urgentes en internaciones y adicciones, con fuertes cruces políticos y visiones divididas de expertos.
El Senado de la Nación cerró las audiencias informativas sobre el proyecto de reforma de la Ley de Salud Mental enviado por el Poder Ejecutivo. El plenario de las comisiones de Salud y de Legislación General, desarrollado en el Salón Azul, recibió a una treintena de expositores que expusieron sus posturas antes del debate definitivo de los legisladores.
Con más de treinta oradores divididos en bloques temáticos, el encuentro dejó expuesta la profunda grieta en torno a los criterios de internación, el rol de los profesionales y la gestión de las adicciones en el país. Con este cierre de exposiciones, se prevé que la próxima semana comience el debate propio y exclusivo de los senadores para dictaminar.
Los tres ejes de la reforma en disputa
El proyecto impulsado por el Gobierno de Javier Milei plantea una profunda revisión de los criterios establecidos hace 16 años. Los puntos más neurálgicos de la reforma giran en torno a:
- Flexibilización de las internaciones: se busca modificar el estricto concepto de «riesgo cierto e inminente para sí o para terceros», una terminología que, según los impulsores de la reforma, ata de manos a los equipos médicos.
- Centralidad médica: otorga una mayor jerarquía y peso a la figura del psiquiatra dentro de los equipos interdisciplinarios, particularmente para la firma habilitante de tratamientos e internaciones.
- Revalorización institucional: se busca revertir lo que los críticos de la ley actual consideran una «demonización» de los hospitales monovalentes o de salud mental.
Visiones contrapuestas entre expertos
El debate técnico expuso las profundas diferencias entre los profesionales del sector. Marcela Campagnoli, especialista en prevención del suicidio, defendió la necesidad de actualizar la norma. «Una ley, más allá de sus buenas intenciones, debe medirse también por sus buenos efectos. La ley vigente significó un avance importante en derechos humanos, pero con los años mostró límites concretos. Detrás de cada vacío legal hay familias destruidas, madres agotadas y pacientes que podrían haberse salvado si el sistema hubiera llegado antes».
En la vereda opuesta, la psicóloga Soledad Cottone (presidenta de AUAPSI) rechazó la preeminencia de los médicos psiquiatras en el diagnóstico. «Los psicólogos estamos habilitados para evaluar riesgo. La modificación introduce una jerarquización normativa que no existe en la formación de grado. Reducir la firma habilitante al psiquiatra implica una descalificación injustificada y un retroceso».
Por su parte, el abogado especialista en derecho médico, Vadim Mischanchuk, apuntó contra las fallas jurídicas de la norma del 2010. «La palabra ‘inminente’ ha dificultado la posibilidad de que los equipos internen a alguien que viene de cometer un delito grave porque, a las dos horas, el paciente se calma y el equipo debe decir ‘no hay riesgo inminente’. Esto debe modificarse sí o sí», sentenció, agregando que la legislación actual desamparó a los centros especializados.
El reclamo de las familias
El momento más crudo de la tarde llegó con el testimonio de Stella Maris Garaventa, acompañante terapéutica y representante de Madres Territoriales de Chivilcoy. Con un discurso desgarrador, Garaventa apuntó a la desprotección estatal en el interior de la provincia de Buenos Aires. «Nosotras sostenemos a las mamás de los chicos en consumo. En la Provincia no hay nada, es todo mentira. Esta es una ley asesina porque condena a nuestros hijos al cementerio. Las estadísticas están en las lápidas y en la superpoblación de las cárceles». En esa línea, exigió que la internación involuntaria sea considerada, ante todo, «un derecho a la vida».
Cruces políticos y chicanas en el Salón Azul
El debate técnico no estuvo exento de la tensión política habitual. La senadora oficialista Nadia Márquez, quien además preside la Comisión de Legislación General, salió al cruce de las críticas de la oposición y defendió la gestión del presidente Javier Milei.
«Para algunos, todas las emergencias aparecen ahora. En este gobierno, la salud mental es una problemática que abordamos y acompañamos para dar una respuesta seria e integral», replicó Márquez, para luego lanzar una dura chicana hacia la gestión anterior: «Durante los cuatro años del presidente Fernández no había emergencias. Fajaban a la primera dama, pero emergencias no había de ningún tipo».
La legisladora argumentó que las consecuencias del aislamiento obligatorio por la pandemia de COVID-19 profundizaron de forma dramática las adicciones, la depresión y los problemas de salud mental en adolescentes, situaciones que la ley actual no logra contener. Asimismo, Márquez sumó una postura tajante de cara al futuro de la norma: se mostró en contra de la «medicación temprana» en menores y rechazó de plano «los bloqueadores hormonales y procesos de hormonización en menores de edad».
«El objetivo es dar herramientas reales a las familias y permitir que el sistema actúe antes de que las situaciones terminen en tragedias. La salud mental no puede seguir esperando», concluyó la senadora oficialista, clausurando una jornada clave que deja el escenario listo para el inicio de la rosca legislativa en busca de dictamen.
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