Miles marcharon a Plaza de Mayo contra el ajuste en educación. Exigieron el cumplimiento de la Ley de Financiamiento y denuncian salarios mínimos en 23 años.
En una jornada marcada por la masividad y la tensión política, se llevó a cabo este martes la Cuarta Marcha Federal Universitaria. Docentes, estudiantes, sindicatos y organizaciones sociales colmaron la Plaza de Mayo y diversos puntos del país para exigir al Gobierno nacional el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial urgente ante lo que califican como un «estado crítico» del sistema.
La movilización, convocada por la Federación Universitaria Argentina (FUA), el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y el Frente Gremial Universitario, comenzó al mediodía en la Ciudad de Buenos Aires. A las 17 horas, tras entonar el Himno Nacional ante una plaza repleta, se leyó un duro documento que expuso las alarmantes cifras que atraviesa el sector.
Un ajuste «inédito»
Según el documento consensuado por las autoridades académicas y gremiales, las transferencias a las universidades nacionales registraron una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026. Esta reducción de recursos ha impactado no solo en las aulas, sino también en los hospitales universitarios y en el sistema científico.
“Esta situación ubica a los salarios universitarios en su nivel más bajo de los últimos 23 años y desde el retorno de la democracia”, detallaron los oradores.
El informe señala que, mientras la inflación acumulada entre diciembre de 2023 y marzo de 2026 alcanzó el 293,3%, los salarios solo aumentaron un 147,3%, lo que representa una pérdida del poder adquisitivo superior al 37%.
El conflicto de poderes
La marcha ocurre en un contexto de fuerte enfrentamiento institucional. El Gobierno, a través de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, tildó la movilización de “completamente política” y ratificó que solo se cumplirá con la ley de presupuesto vigente.
Ante la negativa del Ejecutivo de aplicar la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795 —sancionada por el Congreso y ratificada tras un intento de veto—, las universidades elevaron su reclamo al ámbito judicial. Durante el acto, se solicitó formalmente a la Corte Suprema de Justicia que intervenga ante el per saltum presentado por el Gobierno.
«Le pedimos a la Corte que escuche el clamor de las plazas y no permita que el Gobierno siga incumpliendo la ley», manifestaron desde el escenario central.
Radiografía de la crisis
El documento leído en Plaza de Mayo desglosó el impacto del ajuste en diversos niveles:
- Gastos de funcionamiento: las partidas no superaron en ningún mes el 64% de lo que percibían en enero de 2023. Se estima una pérdida equivalente a 9 meses de transferencias.
- Becas: denunciaron el congelamiento de las Becas Progresar y la incertidumbre sobre las Manuel Belgrano, lo que «expulsa a estudiantes del sistema».
- Fuga de profesionales: alertaron sobre una ola de renuncias de cuadros formados debido a los bajos salarios, los más bajos de la administración pública nacional y de América Latina.
Alcance nacional
La protesta no se limitó a la Capital Federal. Se registraron movilizaciones masivas en Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Tucumán, y provincias del sur como Santa Cruz y Tierra del Fuego. En la provincia de Buenos Aires, el reclamo se hizo sentir en al menos siete ciudades.
La jornada finalizó cerca de las 18:30 horas con la desconcentración de las columnas, tras un cierre que apeló a la universidad como un «instrumento de justicia social y movilidad ascendente».
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