El Ejecutivo oficializó una quita de $78.768 millones que afecta la alfabetización, los salarios docentes y frena obras en 13 universidades nacionales.
A través de la Decisión Administrativa 20/2026, el Gobierno nacional formalizó un recorte masivo en las partidas de la Secretaría de Educación. El ajuste total asciende a $78.768 millones y la medida busca profundizar el equilibrio fiscal. Sin embargo, impacta de lleno en programas sensibles y en el financiamiento de las universidades nacionales.
Alfabetización y salarios: los principales blancos
El desglose de la planilla anexa de gastos revela que el Plan Nacional de Alfabetización sufrió la baja nominal más importante, con una quita de $35.288.051.713. Esta medida impacta directamente en las transferencias de fondos que la Nación envía a las provincias para la ejecución de este programa estratégico.
Otro punto crítico es la supresión del Fondo de Compensación Salarial Docente, que pierde más de $8.929 millones. Este instrumento era el encargado de nivelar los sueldos mínimos de los maestros en aquellas jurisdicciones con menores recursos del territorio argentino.
El deterioro de la infraestructura escolar
La inversión en condiciones edilicias y equipamiento escolar también experimentó un retroceso significativo. El área sufrió un recorte de $21.686.636.818, lo que representa una reducción del 46,6% de sus fondos totales. A esto se suma el ajuste en la empresa estatal EDUC.AR S.A., que perdió transferencias por $48.000 millones.
En cuanto a las políticas socioeducativas, el recorte de $6.649 millones incluye una afectación de más de $559.000.000 destinados específicamente a becas estudiantiles.
Universidades: obras paralizadas y caída real del presupuesto
El sector universitario se enfrenta a un doble impacto. Por un lado, el Gobierno aplicó una poda de $5.303.000.000 que bloquea proyectos edilicios en 13 universidades nacionales. La Universidad Nacional de La Plata encabeza la lista de afectados con una pérdida de $1.043 millones, seguida por las de General San Martín, Avellaneda, Río Cuarto y Entre Ríos.
Por otro lado, un informe del CEPA advierte sobre la erosión del presupuesto para el Desarrollo de la Educación Superior. Bajo la gestión actual, se estima una caída real del 32,5% entre 2023 y 2025. Si se proyecta a valores de diciembre de 2026, la retracción acumulada frente a 2023 alcanzaría el 41,6%.
El conflicto por la Ley de Financiamiento
Desde el oficialismo, el subsecretario de políticas universitarias, Alejandro Álvarez, justificó el ajuste argumentando que la Ley de Financiamiento Universitario —vetada por el Ejecutivo y reimpulsada por el Congreso— quedó «derogada de manera implícita» al aprobarse el Presupuesto. Según el funcionario, el Estado no tiene capacidad económica para afrontar el aumento salarial solicitado.
Sin embargo, el CEPA señala que el proyecto del Ejecutivo consolida un presupuesto universitario 35,1% inferior al que hubiera correspondido bajo la ley aprobada por el Congreso, la cual habría permitido una recuperación casi plena de los niveles de 2023.
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