La Justicia porteña ordenó equiparar las exigencias de las apps con las de los taxis. Los choferes deberán tener registro profesional y seguros especiales.
La Justicia de la Ciudad de Buenos Aires dictó un fallo histórico que cambia las reglas del juego para el transporte de pasajeros. La Sala II de la Cámara de Apelaciones determinó que los conductores de aplicaciones como Uber, Cabify y DiDi deben contar con licencia profesional y seguros especiales para operar legalmente en el distrito.
Esta decisión busca eliminar la desigualdad competitiva frente a los taxistas y ordena al Gobierno porteño aplicar controles estrictos sobre las plataformas digitales.
El fin de la «App» como mera intermediaria
Uno de los puntos clave del dictamen es el rechazo al argumento de las empresas, que sostenían ser simples plataformas tecnológicas de «transporte privado». Citando jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, los magistrados determinaron que estas empresas integran un «servicio global de transporte» y, por ende, deben ser reguladas bajo el Código de Tránsito y Transporte local.
«No puede admitirse que taxis y remises soporten fuertes cargas regulatorias mientras las plataformas operen ‘de facto’ sin cumplir ninguno de esos requisitos», sostiene el fallo.
Triple impacto: conductores, empresas y gobierno
La sentencia no solo afecta a los choferes, sino que impone obligaciones directas al Ejecutivo porteño y a las compañías:
- Para los conductores: deberán tramitar la licencia profesional y contratar pólizas de seguro que cubran al rodado, al conductor y a los pasajeros ante cualquier accidente.
- Para el Gobierno de la Ciudad: se le ordena iniciar el cobro del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a las plataformas. Además, la Ciudad tiene prohibido cobrar aranceles administrativos a los taxistas (como renovaciones de licencias) mientras persista la desigualdad de condiciones con las Apps.
- Publicidad y seguridad: la Justicia prohibió la publicidad de estas aplicaciones en espacios públicos porteños (como el sistema Ecobici o subtes) y ordenó lanzar campañas informativas advirtiendo a los usuarios que estos servicios podrían carecer de seguros y controles profesionales.
Un llamado de atención al Estado
El fallo incluye críticas severas hacia la administración porteña, calificando su accionar de los últimos años como una «omisión ilegítima». Los jueces señalaron una contradicción flagrante: mientras el Gobierno tildaba a Uber de «clandestina», permitía su funcionamiento de hecho y su difusión publicitaria masiva sin controles efectivos.
Esta medida de «equiparación forzosa» tiene carácter transitorio. Según aclaró la Cámara, las restricciones y obligaciones cesarán automáticamente en el momento en que la Legislatura porteña sancione una ley específica que regule la actividad de transporte por plataformas de manera definitiva.
Hasta que ese día llegue, el «vacío legal» se ha cerrado: en las calles de Buenos Aires, ya no habrá distinción de reglas entre el tablero de un taxi y la pantalla de una aplicación.
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