Cientos de niños en CABA permanecen internados sin causa médica por falta de hogares. Un sistema colapsado que convierte hospitales en depósitos sociales.
En los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires ocurre una tragedia silenciosa. Cientos de niñas, niños y adolescentes que ya recibieron el alta médica pasan meses —y hasta años— viviendo en salas de internación. No están allí por enfermedad, sino porque el Estado, después de haberlos retirado de sus familias por situaciones de vulnerabilidad, no tiene un lugar donde alojarlos.
Esta realidad no es solo una falla administrativa; es una doble vulneración de derechos. Un hospital, por definición, es un lugar de tránsito, un espacio para la cura. Convertirlo en un depósito de cuidado social es condenar a la infancia a una institucionalización que la ley califica de «excepcional», pero que la desidia convierte en permanente.
La trampa de la burocracia
El mecanismo es perverso. El Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (CDNNyA) ordena el ingreso por control médico, pero una vez firmada el alta, el niño queda en un limbo. No puede volver a su casa (donde sus derechos fueron vulnerados) y no puede ir a un hogar convivencial porque no hay vacantes.
Esto impacta de gran manera en la niñez. Vivir meses o años en un hospital, a veces bajo custodia policial, anula la posibilidad de una vida normal, escolarización adecuada y vínculos afectivos sanos.
Asimismo, esto general un colapso sanitario ya que los médicos y enfermeros se ven obligados a actuar como cuidadores o padres sustitutos. Asumen roles que no les corresponden y, de esta manera, se restan recursos humanos y camas para quienes sí necesitan atención médica urgente.
Un veto que profundiza la crisis
Resulta paradójico —y ciertamente cuestionable— que en este contexto de emergencia habitacional para la infancia, el Ejecutivo porteño haya decidido vetar la Ley 6.900. Esta norma buscaba, justamente, establecer estándares de calidad y seguridad en los hogares convivenciales.
El argumento oficial de la «invasión de competencias» o la «falta de respaldo presupuestario» suena a excusa técnica frente a una urgencia humanitaria. Si los hogares actuales son insuficientes o no cumplen con los estándares necesarios para recibir casos complejos, la respuesta no puede ser el veto, sino la inversión y la regulación.
La urgencia de los datos
El pedido de informes impulsado por diputada Claudia Neira en la Legislatura porteña es un paso necesario, pero insuficiente si no hay una voluntad política de ejecutar soluciones. Sin saber cuántos chicos hay exactamente, cuánto tiempo llevan allí y por qué falló la red de hogares, es imposible diseñar una política pública seria.
«Los hospitales no pueden ser dispositivos de alojamiento social». La frase, contundente, de uno de los fundamentos del proyecto legislativo, resume el fracaso de una gestión que parece haber perdido la brújula en la protección de sus ciudadanos más indefensos.
La Ciudad con el mayor presupuesto del país no puede permitirse tener niños «viviendo» en salas de internación. El alta médica debe ser también un alta social. De lo contrario, el hospital deja de ser un lugar de sanación para convertirse en el símbolo de un Estado que llega tarde, mal o, peor aún, que decide mirar hacia otro lado.
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