El Gobierno busca que el máximo tribunal revoque la cautelar que frena los cambios laborales, alegando gravedad institucional y falta de legitimidad de la CGT.
El Gobierno nacional, a través de la Procuración del Tesoro, presentó un recurso de per saltum ante la Corte Suprema de Justicia. El objetivo central es revertir la medida cautelar que mantiene frenada gran parte de la reforma laboral impulsada por la administración de Javier Milei.
La presentación judicial surge como respuesta a la decisión del Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, que el pasado 30 de marzo dictó la suspensión de 83 artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral. Dicho fallo fue el resultado de una acción de amparo promovida por la CGT, organización que sostiene que las modificaciones afectan derechos constitucionales fundamentales, como la protección contra el despido arbitrario y la libertad sindical.
Los argumentos del Ejecutivo
En el escrito presentado por el cuerpo de abogados del Estado, se solicita que se suspendan los efectos del fallo judicial y se restituya la plena vigencia de la norma mientras se tramita la cuestión de fondo. Entre los puntos más destacados de la apelación, el Gobierno sostiene:
- Gravedad institucional: afirman que la parálisis de la ley afecta de manera directa el plan económico y las herramientas que el Ejecutivo considera indispensables para «remover obstáculos que limitan el empleo formal».
- Cuestionamiento a la CGT: el planteo oficial pone en duda la legitimidad de la central obrera para impugnar de manera generalizada una ley que, según el Gobierno, busca mejorar la competitividad y revertir años de estancamiento en el mercado de trabajo.
- Voto popular: argumenta que el modelo de Estado y la desregulación propuestos fueron el eje central de la plataforma electoral que resultó triunfante en los últimos comicios, otorgando así un respaldo democrático a la necesidad de las reformas.
El escenario en la Corte
El uso del per saltum (salto de instancia) es un recurso excepcional que permite que una causa llegue directamente al máximo tribunal sin pasar por las cámaras de apelaciones intermedias, debido a la urgencia y trascendencia del caso.
Mientras la Justicia del Trabajo ha fundamentado sus frenos citando jurisprudencia como el fallo «Vizzotti», recordando que «la Constitución no enuncia derechos huecos», el ministerio de Capital Humano ha rechazado estos intentos calificándolos como maniobras de sectores que «priorizan intereses corporativos».
Ahora, la pelota está en la cancha de la Corte Suprema, que deberá decidir si acepta el recurso extraordinario para tratar el fondo de la reforma laboral o si permite que el trámite siga su curso ordinario en los tribunales inferiores, manteniendo la suspensión de los artículos en disputa.
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