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Diputados aprobó la modificación del régimen de Zonas Frías

Recorte de subsidios al gas

Diputados dio media sanción al proyecto que modifica la Ley de Zona Fría. Tres millones de usuarios perderían el beneficio en las tarifas de gas.


La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de reforma del Régimen de Zonas Frías. Con 132 votos afirmativos, 105 negativos y 4 abstenciones, el oficialismo logró avanzar con el plan de optimización fiscal impulsado por el Gobierno nacional y el Ministerio de Economía. El texto fue girado al Senado para su sanción definitiva.

Para alcanzar el quórum y asegurar la votación, La Libertad Avanza contó con el respaldo en bloque del PRO, la UCR y diputados alineados con los gobernadores de Misiones, Salta, Tucumán, San Juan, Neuquén y Mendoza. Por su parte, la oposición —encabezada por Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica y el interbloque Provincias Unidasrechazó de forma mayoritaria la medida.

El nuevo mapa del subsidio: ¿Quiénes ganan y quiénes pierden?

El núcleo de la reforma consiste en revertir la ampliación territorial de la Ley 27.637, sancionada en 2021 bajo la iniciativa de Máximo Kirchner, la cual había extendido el universo de beneficiarios de 950.000 hogares a más de 4 millones. De convertirse en ley en la Cámara Alta, se estima que cerca de 3 millones de usuarios perderán el descuento automático en sus boletas, que oscilaba entre el 30% y el 50%.

El beneficio volverá a limitarse de forma generalizada únicamente a sus regiones originarias: la Patagonia, la Puna y el departamento de Malargüe (Mendoza).

En el resto de las regiones que habían sido incorporadas en 2021, el criterio de asistencia cambiará de forma radical: dejará de ser estrictamente geográfico y pasará a basarse en los ingresos del hogar a través del sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

Localidades que quedarán excluidas del beneficio general:

  • Provincia de Buenos Aires: más de 50 municipios perderán la cobertura generalizada, afectando a localidades balnearias y del sur bonaerense como General Pueyrredón (Mar del Plata), Necochea, Partido de la Costa, Pinamar, Villa Gesell, Bahía Blanca, Patagones, Tres Arroyos, Tandil, Olavarría y Azul. También impactará en el norte y centro provincial (Junín, Pergamino, San Nicolás, Zárate, Campana, Chivilcoy, entre otros).
  • Córdoba: se interrumpe el beneficio general en una docena de departamentos del centro y sur, incluyendo áreas de alta densidad poblacional como Río Cuarto, Juárez Celman, General Roca, Calamuchita y Santa María.
  • Mendoza: quedará afuera todo el Gran Mendoza, San Rafael, General Alvear y la zona del Valle de Uco.
  • Santa Fe y Salta: quedan excluidos los municipios del sur santafesino (incluido Rosario) y departamentos salteños como Cafayate, Rosario de Lerma y la Capital.
  • Otras provincias: afectará de igual modo a Santa Rosa y gran parte de La Pampa, el Gran San Juan, localidades de San Luis (Capital, Villa Mercedes, Merlo), así como sectores de Catamarca, La Rioja y Tucumán (Tafí del Valle).

El nuevo piso para mantener el subsidio: En las zonas excluidas del mapa original, solo mantendrán una bonificación los hogares inscriptos en el SEF que acrediten ingresos netos inferiores o iguales a tres Canastas Básicas Totales (monto que hoy ronda los $4.400.000) o familias que cuenten con un miembro con Certificado Único de Discapacidad (CUD), además de beneficiarios del ReNaBaP y veteranos de Malvinas.

Por otra parte, el subsidio dejará de aplicarse sobre el cargo fijo de la factura y cubrirá únicamente el consumo real medido en metros cúbicos de gas.


Cruces y debate: «Equidad fiscal» contra «Motosierra boba»

El oficialismo defendió la iniciativa argumentando la necesidad de desarmar lo que consideraron un esquema de «populismo tarifario». El diputado libertario Facundo Correa Llano, presidente de la Comisión de Energía, afirmó que la ampliación de 2021 fue una «expansión irresponsable» y que «cuando el subsidio deja de estar focalizado, pasa a transformarse en una distorsión». En la misma sintonía, Silvana Giudici (PRO) denunció que el sistema anterior era «inequitativo» por subsidiar a barrios cerrados y countries, añadiendo que «el 95% del subsidio para los sectores vulnerables está compensado».

Desde la vereda de enfrente, las críticas llovieron con dureza. La diputada Vanesa Siley (Unión por la Patria) advirtió que se está aplicando un «tarifazo fenomenal», mientras que el legislador de izquierda Nicolás del Caño alertó que en ciudades como Bahía Blanca el impacto podría implicar subas inmediatas del 100% en las boletas.

A su vez, el diputado Esteban Paulón (Provincias Unidas) apuntó contra el argumento del ajuste fiscal: «Todos los días nos hablan de la restricción fiscal… pero sí hay plata para compensar en varios billones de pesos a las distribuidoras».

La trastienda de la votación: distribuidoras de luz y deudas con CAMMESA

La aprobación del proyecto no estuvo exenta de complejas negociaciones federales. Para destrabar los votos de las provincias del norte y centro del país, el ministro del Interior, Diego Santilli, acordó con varios gobernadores una compensación parcial en la tarifa eléctrica para las zonas cálidas durante el verano, un beneficio que saldrá mediante resolución.

Sin embargo, fuentes parlamentarias revelaron que el verdadero articulador del consenso fue el artículo 4 del proyecto. Este apartado faculta al Poder Ejecutivo a aplicar créditos para la condonación de deudas millonarias que las distribuidoras eléctricas provinciales mantienen con CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico).

«Parece un tema del gas, pero es de electricidad. Acá mandan las eléctricas», fustigaron desde un despacho opositor, señalando que la «motosierra» se aplicó sobre los usuarios pero se apagó frente a las corporaciones energéticas. El oficialismo, en tanto, justificó la medida como un paso indispensable para regularizar un mercado eléctrico mayorista que arrastra deudas estructurales.

Con esta media sanción, el Gobierno nacional da un paso fundamental en sus metas macroeconómicas, proyectando un ahorro fiscal neto de entre $200.000 millones y $460.000 millones anuales. La batalla final por las tarifas de invierno se trasladará ahora al Senado.

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