A más de dos años de gestión, el gobierno de Javier Milei exhibe avances que sus defensores consideran estructurales, en medio de tensiones sociales y políticas propias de un programa de reformas profundas.
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El logro más difícil de discutir, incluso entre críticos, es la desaceleración sostenida de la inflación tras el pico inicial, resultado de un ajuste fiscal drástico, la contracción monetaria y la redefinición del rol del Estado en la economía.
Desde su asunción, la administración libertaria planteó un rumbo claro: reducir el tamaño del Estado, estabilizar la macroeconomía y reordenar precios relativos distorsionados durante años. El punto de partida fue un diagnóstico compartido por buena parte del arco económico: déficit fiscal crónico, emisión monetaria persistente y una economía fuertemente regulada.
En ese marco, uno de los principales hitos que el oficialismo destaca es el equilibrio fiscal alcanzado en tiempo récord. A través de recortes en el gasto público, eliminación de subsidios y reconfiguración de partidas, el gobierno logró cerrar el déficit primario, algo que durante décadas fue una deuda pendiente de distintas gestiones. Este resultado, si bien celebrado por los mercados, tuvo un correlato inmediato en el impacto social, con caída del poder adquisitivo y tensiones en sectores vulnerables.
Otro de los frentes donde se observan cambios significativos es el monetario. La política de emisión cero y el endurecimiento del control sobre la base monetaria fueron pilares para intentar contener la inflación. Tras meses iniciales de subas bruscas —producto de la liberación de precios reprimidos—, los índices comenzaron a mostrar una tendencia descendente. Este proceso, aunque aún frágil, es leído por el oficialismo como una señal de que el programa empieza a dar resultados.
En paralelo, el gobierno avanzó en la desregulación de distintos sectores económicos. La eliminación o simplificación de normativas en áreas como comercio, transporte y servicios buscó incentivar la competencia y reducir costos. Estas medidas generaron un nuevo clima para ciertos actores del sector privado, aunque también despertaron resistencias en industrias protegidas.
La política exterior marcó otro giro relevante. La alineación con economías de mercado y el acercamiento a organismos internacionales redefinieron el posicionamiento argentino. Si bien los efectos concretos en inversiones todavía están en proceso, el Ejecutivo sostiene que se han sentado las bases para una mayor integración global.
En el plano político, Milei logró sostener gobernabilidad a pesar de contar con una estructura legislativa limitada. La negociación constante con otros espacios permitió avanzar en leyes clave, aunque no sin concesiones y conflictos. Este equilibrio inestable es, al mismo tiempo, una muestra de pragmatismo y un desafío permanente.
El balance, lejos de ser unívoco, refleja un país en transición. Los indicadores macroeconómicos muestran señales de ordenamiento, mientras que en la calle persisten las dificultades derivadas del ajuste. La discusión de fondo gira en torno a la sostenibilidad de este modelo y su capacidad para traducir estabilidad en crecimiento y bienestar.
El gobierno apuesta a que los sacrificios iniciales den paso a una etapa de recuperación. En ese horizonte, la promesa sigue siendo la misma que impulsó su llegada al poder: dejar atrás décadas de crisis cíclicas y construir una economía previsible. Si ese objetivo se concreta, el actual período podría ser recordado como un punto de inflexión histórico. Si no, quedará como otro intento audaz en la larga historia de reformas inconclusas de la Argentina.
