El debate en comisiones unió a ONGs y empresarios en contra de las penas de prisión y el exceso de control estatal sobre las organizaciones civiles.
El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara de Diputados se convirtió esta semana en el escenario de un inusual y contundente arco de críticas contra el proyecto de ley de lobby impulsado por el oficialismo. La iniciativa, presentada bajo la premisa de dotar de transparencia y trazabilidad a la gestión de intereses, cosechó el rechazo unánime de sectores ideológicamente distantes, uniendo en un mismo reclamo a organizaciones de derechos humanos, entidades empresarias y colegios profesionales.
Aunque todos los actores reconocen que la gestión de intereses es una práctica existente que debe regularse, las alertas se encendieron ante un texto que no distingue la naturaleza de quienes buscan interactuar con el Estado. Desde Amnistía Internacional y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), hasta la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) y la Unión Industrial Argentina (UIA), el veredicto fue el mismo: la norma, tal como está redactada, amenaza con desalentar la participación legítima y asfixiar a la sociedad civil.
Una definición penalizada y sin matices
El núcleo de la propuesta enviada por el gobierno de Javier Milei radica en la creación de un Registro Público de Gestores de Intereses. En él deberán inscribirse todas las personas humanas y jurídicas que realicen gestiones ante los poderes Ejecutivo y Legislativo. Sin embargo, la redacción carece de matices. La ley obliga por igual a declarar si actúan de forma gratuita o remunerada, si representan intereses locales o extranjeros, y a presentar informes trimestrales de cada contacto.
El punto más alarmante y que mayor resistencia generó es la tipificación penal de la «gestión clandestina de intereses». El proyecto prevé penas de prisión de seis meses a dos años para quienes realicen este tipo de actividades sin estar inscriptos.
«Una ley que equipara a Susana Trimarco con un lobista corporativo no es una ley de transparencia», fustigó Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, haciendo referencia a la histórica lucha contra la trata de personas. Secchi advirtió que el proyecto criminaliza el «lobby cívico» y obliga a las organizaciones prácticamente a «pedir permiso para reunirse con algún legislador».
En la misma sintonía, Paola García Rey, de Amnistía Internacional, expuso la desproporción de la medida con un interrogante práctico: «Si bomberos del Sur reclaman equipamiento, ¿tienen que registrarse para hacerlo? Esto desalienta justamente a quienes menos poder tienen para hacerse escuchar».
Alertas por el control estatal y la «influencia extranjera»
La preocupación se profundiza al analizar el financiamiento internacional. La norma faculta a la autoridad de aplicación a solicitar información extraordinaria a las ONGs que reciben fondos del exterior, escudándose en conceptos ambiguos como «seguridad interior» o «interés público».
Leandro Cahn, director de la Fundación Huésped, denunció que el Gobierno «busca asfixiar a las organizaciones de la sociedad civil». Recordó, además, que bajo este marco regulatorio hubiera sido «prácticamente imposible» entablar el diálogo político que en su momento garantizó el acceso a medicamentos antirretrovirales para las personas con VIH.
Por su parte, Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS, alertó que «leyes de este tipo avanzan hoy en gobiernos autoritarios» y que la iniciativa «pretende restringir la actividad política, el control democrático, la participación social y la libertad de expresión». Según el bloque de ONGs —que ya suma casi doscientas firmas en un comunicado conjunto—, el proyecto híbrida regulaciones clásicas de lobby (como las de Chile o México) con peligrosos componentes de control de influencia extranjera aplicados en países como Rusia, Hungría o El Salvador.
El sector empresarial también toma distancia
Paradójicamente, el rechazo no se limitó al activismo social. El sector corporativo también plantó bandera en contra del punitivismo del proyecto. Alejandro Díaz, CEO de AmCham —entidad históricamente alineada con el sector empresario—, manifestó su rotunda preocupación por las sanciones penales. «Un régimen excesivamente punitivo podría generar efectos no deseados, desalentando la participación legítima de las empresas», señaló Díaz, proponiendo en su lugar un esquema de sanciones administrativas que sea gradual, proporcional y progresivo. Asimismo, criticó que las firmas con inversiones locales sean tildadas automáticamente como «representantes de intereses extranjeros» solo por pertenecer a grupos internacionales.
Desde la UIA, Agustina Briner (Directora de Departamentos Técnicos) se sumó a los cuestionamientos solicitando que se cree la figura de «beneficiario colectivo». Esto permitiría escindir y diferenciar las gestiones institucionales que realizan las cámaras empresarias de los intereses particulares de las empresas individuales.
Un oficialismo sin consenso y un texto alternativo en puerta
Tras más de cuatro horas de un debate que expuso la profunda soledad parlamentaria del proyecto oficial, los presidentes de las comisiones, los legisladores libertarios Nicolás Mayoraz y Santiago Santurio, debieron ceder terreno. Reconocieron la necesidad de llevar a cabo «sucesivas reuniones» con el objetivo de «legar a un dictamen que reúna el mayor consenso posible».
Sin embargo, el escenario político se presenta cuesta arriba para la Casa Rosada. Bloques de la oposición dialoguista, entre ellos la Coalición Cívica, Provincias Unidas y Encuentro Federal, ya se encuentran coordinando la redacción de un proyecto alternativo. Con un rechazo tan unánime y técnico sobre la mesa, el Gobierno ve seriamente comprometida la posibilidad de conseguir las firmas necesarias para llevar su dictamen original al recinto en los plazos que se había autoimpuesto.
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