Caputo presentará cambios en la Ley de Inocencia Fiscal para eliminar topes y atraer dólares no bancarizados al régimen simplificado.
El ministro de Economía, Luis Caputo, presentará esta semana la versión reformulada del proyecto «Inocencia Fiscal II». La propuesta busca modificar el Régimen Simplificado de Declaración Jurada del Impuesto a las Ganancias que administra ARCA, con el objetivo central de facilitar el ingreso al sistema bancario de los ahorros en negro.
El texto, que será enviado al Congreso para su tratamiento tras el receso invernal, fue confirmado por el vocero presidencial, Adrián Ravier, quien destacó que la propuesta busca dar respuesta a las objeciones planteadas por los profesionales del sector. Con estas flexibilizaciones, el Gobierno busca generar previsibilidad y evitar que diferencias menores en las declaraciones juradas derivuen en inspecciones o exclusiones.
Adiós a los límites de ingreso y patrimonio
La reforma más relevante de la nueva versión es la eliminación definitiva de los topes que regían hasta ahora: $1.000 millones de ingresos anuales y $10.000 millones de patrimonio. Con esta medida, cualquier contribuyente persona humana o sucesión indivisa podrá adherir al Régimen Simplificado a partir del período fiscal 2025, de modo que el universo de potenciales adherentes pasa a ser universal.
Incluso los Grandes Contribuyentes Nacionales podrán sumarse para operar de manera simplificada, aunque para este segmento no aplicarán las presunciones ni beneficios especiales. Como único requisito general, se mantendrá la exigencia de haber conservado la residencia fiscal en Argentina durante todo el ejercicio, salvo para la adhesión inicial del período 2025, donde se otorgará una excepción.
Criterios más estrictos para las inspecciones de ARCA
Para otorgar mayor tranquilidad a los contribuyentes, el proyecto redefine cuándo el organismo recaudador podrá reabrir o cuestionar un ejercicio impositivo. ARCA solo podrá impugnar la presunción de exactitud si demuestra una «discrepancia significativa», la cual se configurará bajo tres supuestos específicos:
- Variación del impuesto: cuando la diferencia detectada implique un incremento de impuesto o reducción de quebrantos de al menos 15%. Sin embargo, se crea un umbral de tolerancia: no habrá discrepancia si el monto es menor al 5% de la evasión simple del Régimen Penal Tributario (aproximadamente $5 millones).
- Monto directo: si el ajuste supera de forma directa el mínimo de evasión simple ($100 millones).
- Irregularidades graves: casos de uso de facturas apócrifas o cómputo indebido de retenciones o pagos a cuenta (sin monto mínimo).
Un alivio clave para el sector impositivo es la ampliación del margen para rectificar: si un contribuyente corrige su declaración dentro de los 15 días hábiles posteriores a la determinación de oficio y liquida la diferencia, se desestimará la discrepancia y conservará su permanencia en el régimen.
Garantías operativas y respaldo bancario
El anteproyecto también establece reglas estrictas sobre el material probatorio: la carga de la prueba recaerá exclusivamente en ARCA, la cual solo podrá valerse de datos informados por el propio contribuyente, registros propios del sistema o información provista por terceros. Durante el esquema, quedan suspendidas las presunciones automáticas por incrementos patrimoniales o depósitos bancarios no justificados.
En materia financiera, las transacciones deberán canalizarse mediante la banca o el mercado de capitales (admitiéndose el efectivo en escrituras inmobiliarias). Además, la constancia de adhesión al régimen simplificado será tomada como un antecedente favorable ante los Sujetos Obligados (como bancos y financieras) para el monitoreo de lavado de dinero, respaldado por futuras normativas complementarias de la UIF.
Un salto en el nivel de adhesiones
El relanzamiento responde a la necesidad de dotar de viabilidad operativa al esquema. Tras la prórroga del plazo de presentación de Ganancias 2025 dispuesto para el 27 de agosto y los primeros trascendidos sobre las mejoras de la ley, las adhesiones mostraron un fuerte incremento: pasaron de un registro inicial de 80.000 contribuyentes a más de 330.000, de los cuales unos 170.000 ya formalizaron la presentación.
En el Palacio de Hacienda confían en que el proyecto mejorado, sumado a la reducción a tres años del plazo de prescripción fiscal fijado en la norma de inicio de año, despeje las dudas técnicas y permita canalizar hacia el circuito formal los fondos atesorados fuera del sistema bancario.
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