Santa Fe exige a Nación ampliar la red SUBE al transporte interurbano para que miles de usuarios puedan acceder a los descuentos de la Tarifa Social.
El Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo, volvió a alzar la voz contra el Gobierno nacional con un reclamo puntual: la ampliación urgente del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) a la totalidad de las líneas de transporte interurbano de pasajeros. La falta de cobertura en el 100 % de la flota provoca que uno de cada cuatro usuarios santafesinos quede excluido de la Tarifa Social y deba abonar la totalidad del pasaje.
Desde el Gobierno provincial argumentan que la quita de los subsidios al transporte del interior —como la eliminación del Fondo Compensador— y la concentración de la asistencia en la Tarifa Social profundizan una asimetría insostenible. Esta disparidad no solo afecta la relación entre el AMBA y el resto del país, sino que crea brechas tarifarias entre los propios ciudadanos santafesinos.
Números que reflejan la brecha
De acuerdo con datos oficiales, el 25 % de los pasajes interurbanos en la provincia se expenden fuera de la red SUBE. En un relevamiento mensual reciente, sobre un total de 2.571.527 pasajes emitidos, 698.071 se abonaron sin el sistema electrónico, impidiendo que miles de beneficiarios accedan al descuento del 55 % al que tienen derecho por ley.
«Hubo santafesinos que, pudiendo pagar solo el 45 % del boleto por la Tarifa Social, debieron abonar el 100 %. Es una desigualdad que Nación debe resolver. Es necesario que se amplíe la red para alcanzar al 100 % de las empresas y cerrar esta brecha», enfatizó el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.
La disparidad en los trayectos
Las diferencias económicas golpean de manera directa el bolsillo de los usuarios según la empresa que deban abordar. Por ejemplo, un beneficiario de la Tarifa Social que realiza el trayecto Rosario–San Lorenzo abona $ 2.328 sobre un pasaje de $ 5.174. En cambio, quienes utilizan empresas que aún no integran la red SUBE deben pagar el valor total del boleto.
Esto se puede ver, por ejemplo, en el trasyecto Rafaela–Bella Italia donde un pasajero paga $ 3.260, cuando con SUBE abonaría $ 1.467. Lo mismo ocurre en el norte provincial: el trayecto entre Las Toscas–Villa Guillermina cuesta $ 5.800, aunque con el beneficio se reduciría a $ 2.610.
Aporte multimillonario y retorno desigual
El reclamo técnico y social viene acompañado de un duro argumento fiscal. Según el informe presentado por la gobernación, desde 2024 la provincia de Santa Fe aportó $ 706.761 millones a las arcas nacionales en concepto de impuesto a los combustibles. Sin embargo, de ese total solo retornaron a la provincia $ 133.000 millones (un 19 %), y ninguno de esos fondos se destinó al transporte de pasajeros.
Para sostener el funcionamiento del sistema y garantizar beneficios locales como el Boleto Educativo ante el retiro de los subsidios nacionales, la administración provincial debió volcar $ 193.039 millones de recursos propios.
«De cada 100 pesos que los santafesinos aportan en impuestos a los combustibles, solo 19 vuelven a la provincia. No pedimos privilegios; reclamamos un federalismo real y equitativo», remarcó Puccini.
Traba burocrática sin respuesta
Por su parte, la secretaria de Transporte y Logística, Mónica Alvarado, confirmó que se encuentran gestionando la incorporación del sistema en 30 empresas interurbanas que aún operan al margen de la red SUBE.
«Queremos que todos los usuarios tengan acceso a la Tarifa Social y a un esquema de financiamiento justo. Hoy, quienes no cuentan con SUBE pagan más y reciben menos ayuda por una traba burocrática y tecnológica que el Gobierno nacional debe resolver», señaló la funcionaria.
A pesar de que las reuniones formales se iniciaron en enero de 2024 y se han presentado múltiples expedientes administrativos ante las sucesivas autoridades del área de Transporte de la Nación, desde la Gobernación confirmaron que hasta el momento no se han obtenido respuestas concretas ni plazos de ejecución.
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