El Gobierno y universidades acordaron una suba salarial en tramos y fondos para hospitales, pero los rectores mantienen la demanda ante la Corte Suprema.
El Gobierno nacional y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) firmaron un acta acuerdo para destrabar el financiamiento de las universidades públicas y suspender los paros de la próxima semana. El acuerdo fue sellado en el Palacio Sarmiento por el secretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, el presidente del CIN, Franco Bartolacci, y el vicepresidente, Anselmo Torres.
A pesar de la firma del acta, que contó con el aval de la mayoría de las federaciones estudiantiles y gremios docentes y no docentes, los rectores plantaron bandera en un punto innegociable: la demanda ante la Corte Suprema por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario no se toca. El Gobierno presionó fuertemente para que las casas de altos estudios retiraran la presentación judicial, argumentando que mantener el litigio es «incompatible» con el auxilio económico. Desde el oficialismo insisten en que la ley sancionada por el Congreso es “ilegal” porque no especifica la fuente de financiamiento. No obstante, la vía judicial sigue su curso y el máximo tribunal deberá definir el destino de la norma, hoy suspendida por un recurso extraordinario del Ejecutivo tras dos cautelares previas favorables a las universidades.
Los números del acuerdo: salarios, becas y hospitales
La propuesta económica oficial que destrabó el conflicto central contempla una recomposición salarial del 24,33% distribuida en dos etapas: un ajuste del 21,33% (con base en mayo) y un 3% restante para el bimestre septiembre/octubre. Según los documentos técnicos, este porcentaje busca absorber 7 puntos correspondientes al desfasaje de 2024, 12,33 puntos de 2025 y el saldo restante para compensar la pérdida acumulada hasta mayo. Además, las actas garantizan la convocatoria a una mesa paritaria formal cada tres meses para evitar que los ingresos sigan perdiendo frente a la inflación en lo que queda del año.
El paquete presupuestario de emergencia también atiende reclamos históricos de la comunidad educativa:
- Gastos de funcionamiento: un incremento del 20% en las partidas destinadas al mantenimiento edilicio y el pago de servicios públicos de los establecimientos.
- Hospitales universitarios: una inyección de $50.000 millones para el sostenimiento del sistema de salud dependiente de las instituciones.
- Becas Manuel Belgrano: un aumento del 50% para este programa estratégico enfocado en carreras clave para el desarrollo nacional, cuyos montos permanecían congelados en $81.685 desde 2024.
Sin embargo, quedaron totalmente excluidas de cualquier tipo de actualización las becas Progresar (dependientes de la ANSES), las cuales se mantienen congeladas en la suma de $35.000 mensuales.
El escenario gremial: firmas con desconfianza y un rechazo tajante
El acuerdo logró fracturar el frente sindical, aunque la mayoría de las organizaciones terminaron estampando su firma bajo la premisa de que «la lucha sirvió, pero continúa». Entidades como la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun), Conadu, CTERA, Fagdut (UTN) y UDA aceptaron los términos al valorar la apertura de paritarias reales, a pesar de que el reclamo original exigía una actualización retroactiva superior al 50% para equiparar lo dictaminado por la Ley de Financiamiento (que exige recuperar el poder adquisitivo perdido desde diciembre de 2023).
En la vereda de enfrente se plantó la CONADU Histórica, que se negó rotundamente a formar parte del arreglo, calificando los términos de insuficientes. El malestar también persiste en los colegios preuniversitarios (como el Nacional de Buenos Aires y el Carlos Pellegrini, que sufrieron tomas estudiantiles recientemente), donde la situación salarial docente es aún más crítica debido a la quita total del Fondo de Incentivo Docente (FONID) por parte del Gobierno.
«Por ahora tenemos que ser muy cuidadosos y serios porque el Gobierno es un interlocutor muy escurridizo», advirtieron voceros sindicales, reflejando el clima de desconfianza que impera en las bases.
Costo político y sospechas sobre la Corte Suprema
Para la administración de Javier Milei, este pacto representa un «suspiro de alivio» en un terreno donde acumulaba sucesivas derrotas políticas. Las cuatro marchas federales universitarias precedentes —caracterizadas por ser masivas, transversales y de alto impacto ciudadano— habían golpeado directamente la línea de flotación de su base de sustentación. El discurso oficial, que inicialmente atacó a las gestiones universitarias denunciando «curros» e irregularidades, debió ceder ante la contundencia de las protestas de una comunidad universitaria asfixiada por la renuncia masiva de docentes y la imposibilidad de afrontar los gastos cotidianos del segundo semestre.
Sin embargo, en los pasillos de los rectorados la tregua se vive con extrema cautela. A las autoridades universitarias les llamó la atención la insistencia del Gobierno por cerrar el pacto aun cuando no lograron que se retire la demanda judicial. Esto encendió las alarmas ante la sospecha de que el Gobierno nacional pueda contar con un «guiño» o señal interna por parte de la Corte Suprema para fallar finalmente en contra de la Ley de Financiamiento, revirtiendo los fallos de las instancias inferiores.
Mientras los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz sigan sin ponerle fecha a su veredicto, las comunidades académicas y los centros de estudiantes advierten que se mantendrán en estado de alerta y movilización, sosteniendo las clases públicas como método de presión. El conflicto principal entró en pausa, pero las espadas siguen en alto.
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