El Senado postergó el debate del pliego de Verónica Michelli por la interna oficialista y sesionará este jueves para tratar holdouts y propiedad privada.
En medio de la interna oficialista, la Cámara de Senadores llevará a cabo este jueves a partir de las 11:00 una sesión clave. Aunque originalmente se preveía el tratamiento de más de 70 pliegos judiciales, la reunión de Labor Parlamentaria de este miércoles dispuso una salida intermedia: postergar para la próxima semana el debate sobre el pliego de la jueza Verónica Michelli y avanzar, en cambio, con la aprobación de 50 nombramientos en la Justicia Federal, el acuerdo con los holdouts y el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
El pliego de la discordia y la interna en La Libertad Avanza
El caso de Verónica Michelli, nominada para ocupar un cargo en el Tribunal Oral Federal N° 3 de La Plata, desató un verdadero sismo político en La Libertad Avanza (LLA). Tras haber obtenido dictamen de mayoría en la Comisión de Acuerdos con la firma de nueve senadores de diversos espacios, el presidente Javier Milei dio marcha atrás y solicitó formalmente el retiro de su postulación.
Trascendidos de la Casa Rosada indican que el motivo detrás de la marcha atrás es el vínculo familiar de la magistrada, quien es cuñada del periodista de investigación Hugo Alconada Mon. El periodista ha centrado recientes trabajos en la criptomoneda $LIBRA, un tema que, según fuentes parlamentarias, genera profunda preocupación en los hermanos Milei. Para el Presidente, esta relación familiar resulta «incompatible» con las funciones judiciales por representar un potencial «conflicto de intereses».
Sin embargo, la decisión presidencial no fue acatada a ciegas. La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, se plantó en contra de la medida y anunció que apelará a la «objeción de conciencia» para no avalar el retiro del pliego que ella misma firmó. Esta postura llevó a Bullrich a poner su renuncia a disposición del mandatario, aunque tras una reunión posterior con la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, se descartaron riesgos de fractura inmediata.
A la rebelión de Bullrich se sumaron otros senadores del espacio como Francisco Paoltroni, y aliados como el bloque del PRO —cuyo jefe, Martín Goerling, defendió la idoneidad de Michelli— y la radical Carolina Losada.
Como condimento adicional a la interna, la vicepresidenta Victoria Villarruel recibió en su despacho a Michelli, en un gesto interpretado como un nuevo capítulo de su distanciamiento con el Presidente. No obstante, desde el entorno de la titular del Senado aclararon que Villarruel simplemente «acata la voluntad de las mayorías» y la decisión de Labor Parlamentaria, donde se acordó que el dictamen siga su curso legal y se vote en el recinto el próximo miércoles, donde la jueza contaría con los votos necesarios para asumir si el peronismo acompaña.
El temario del jueves: holdouts y propiedad privada
Más allá de las disputas políticas, la Cámara alta reactivará la agenda legislativa del Gobierno con dos proyectos de alto impacto económico y civil:
1. Pago a los holdouts
El Senado buscará dar luz verde al Acuerdo de Conciliación para cancelar deudas soberanas por un total aproximado de U$S 175.000.000. El dictamen, modificado el pasado 19 de mayo, convalida los convenios firmados por el secretario de Finanzas, Federico Furiase, con los fondos litigantes Attestor Value Master Fund LP y Bainbridge Fund.
- Bainbridge Fund: mantiene un litigio desde 2016 tras rechazar los canjes de deuda del default de 2001. La justicia estadounidense le reconoció un cobro de U$S 95.000.000 más intereses.
- Attestor Master Value: con sede en las Islas Caimán, litiga contra el país desde 2014.
El entendimiento, avalado por la jueza Loretta Preska en Nueva York, tiene como fecha límite de extensión el próximo 30 de junio.
2. Inviolabilidad de la Propiedad Privada
El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo llega al recinto con modificaciones clave realizadas durante su tratamiento en comisiones el 20 de mayo. Entre los cambios más sustanciales se destaca la eliminación del Capítulo III, el cual pretendía derogar artículos de la Ley 27.453 de Integración Socio Urbana y abría la puerta a desalojos inmediatos en barrios populares.
Asimismo, la iniciativa contempla:
- Reformas a la Ley de Tierras Rurales (26.737): modificaciones y derogaciones en ocho artículos de su Capítulo IV.
- Cambios en la Ley de Expropiaciones (21.499): se exigirá que la utilidad pública responda a criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Para evitar distorsiones por la inflación, el valor del bien se tasará a la fecha anterior al acto estatal, incluyendo el lucro cesante debidamente acreditado y tasas de interés comerciales.
- Desalojos exprés: se introducen reformas al Código Civil y Comercial y al Procesal Civil de la Nación para establecer juicios sumarísimos de desalojo y restituciones anticipadas bajo caución juratoria, digitalizando las notificaciones mediante el domicilio electrónico.
«La demora en la restitución de un inmueble frente a una ocupación ilegítima implica, en los hechos, una privación del derecho sin indemnización», argumentó el Poder Ejecutivo en los considerandos de la ley.
Con los números ajustados y un clima de indisimulable tensión interna, el oficialismo medirá fuerzas en el recinto, mientras posterga el desenlace de la batalla por los pliegos judiciales para la semana entrante.
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