La provincia de Buenos Aires intimó a la empresa de Marcos Galperin a cambiar sus contratos en cinco días bajo una histórica sanción de $1.815 millones.
El gobierno de la provincia de Buenos Aires, liderado por Axel Kicillof, abrió un duro frente de conflicto contra Mercado Libre. A través de la Dirección Provincial de Defensa de las y los Consumidores, las autoridades intimaron a la firma de Marcos Galperin a retirar una serie de cláusulas consideradas abusivas de sus contratos. De no cumplir en un plazo de cinco días, Kicillof multará a Mercado Libre con una sanción histórica de $1.815 millones.
La medida administrativa se originó a partir de una actuación de oficio llevada a cabo por el organismo provincial, dependiente del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica. Tras un análisis pormenorizado de los contratos de adhesión y los términos de uso que rigen para el «ecosistema MELI» —lo que incluye tanto los servicios de compraventa de la plataforma como los esquemas de préstamos personales de Mercado Pago—, las autoridades detectaron al menos diez irregularidades que violarían la Ley de Defensa del Consumidor.
Debido a esto, la Provincia le concedió a Mercado Libre un plazo de cinco días hábiles e improrrogables para presentar un descargo, suprimir de manera definitiva los ítems señalados o formular una propuesta de modificación. De vencerse el lapso sin una readecuación, el Ejecutivo bonaerense ejecutará la sanción económica e incluso la Justicia podría determinar penalizaciones adicionales.
Los puntos de conflicto en los contratos
Según explicaron desde Defensa del Consumidor, los contratos bajo la lupa contienen disposiciones que otorgan ventajas desproporcionadas a las plataformas en detrimento de los clientes. Entre las principales objeciones se destacan:
- Falta de transparencia en las tarifas: existen apartados que habilitan el cobro de determinadas comisiones o tasas «en algunos casos», pero omiten precisar de antemano las condiciones o los montos específicos. «La ley obliga a informar el costo antes de que el usuario se comprometa a pagar», argumentaron las fuentes oficiales.
- Modificaciones unilaterales: la administración provincial impugnó la política de actualización de la empresa, que se reserva el derecho de modificar sus condiciones de manera unilateral y asume que el usuario las acepta por el solo hecho de seguir utilizando la aplicación. Sostienen que todo cambio normativo interno debe notificarse con claridad y requerir una aceptación expresa.
- Deslinde de responsabilidad ante fraudes: el contrato vigente estipula que el titular de la cuenta es el único responsable ante cualquier hackeo, estafa o acceso indebido. El gobierno bonaerense rechaza esta postura, manifestando que la corporación posee obligaciones legales ineludibles ligadas a la seguridad del sistema y a la protección de quienes transaccionan en él.
El e-commerce con más quejas de la provincia
El avance regulatorio se da bajo un telón de fondo estadístico complejo para Mercado Libre. Desde la gobernación revelaron que la empresa lidera el ranking de reclamos en territorio bonaerense, habiendo registrado 2.396 denuncias individuales solo durante los primeros cuatro meses del año.
La mayor parte de estos reclamos están vinculados a fraudes económicos donde los compradores perdieron su dinero o sus artículos, o bien a fallas en el mecanismo de «Compra Protegida» y obstáculos para ejercer el derecho legal de arrepentimiento y devolución de productos. Cabe destacar que, de acuerdo con los antecedentes del área, no es la primera vez que la provincia avanza sobre firmas tecnológicas de consumo masivo: ya se han realizado imputaciones similares en el pasado contra plataformas como Rappi, Pedidos Ya y Netflix.
La respuesta de Mercado Libre
Ante la intimación, voceros de Mercado Libre salieron al cruce de las acusaciones de la gestión de Kicillof. La empresa adelantó que presentará un descargo formal en «tiempo y forma» para aportar las aclaraciones y la documentación pertinente.
Desde la compañía aseguraron que sus términos y condiciones son «claros, transparentes y alineados con la normativa vigente». Asimismo, relativizaron el volumen de quejas difundido por las autoridades: «Millones de personas utilizan nuestras plataformas todos los días y, en relación con el enorme volumen de operaciones que procesamos, tenemos un nivel muy bajo de reclamos». En esa línea, defendieron la efectividad de sus canales de resolución internos y ratificaron que mantendrán abiertas las vías de diálogo constructivo con los organismos de control.
La resolución del conflicto queda ahora supeditada a los próximos días, donde se verá si la tecnológica opta por litigar administrativamente o cede ante la intimación provincial para evitar un duro impacto en sus arcas.
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