El oficialismo logró 139 votos a favor en una sesión con quórum ajustado. Se debate el nuevo régimen para grandes inversiones tecnológicas.
Con un quórum al límite del reglamento, la Cámara de Diputados aprobó el acuerdo para pagar US$171 millones a los fondos buitre Bainbridge y Attestor, derivados del default de 2001. Tras este triunfo legislativo, el oficialismo avanza en el debate del Súper RIGI. Con este régimen el Gobierno busca atraer inversiones tecnológicas y digitales superiores a los US$1.000 millones.
Quórum al límite y cambios en las bancas
El inicio de la jornada estuvo marcado por la incertidumbre. A solo tres minutos de vencerse el plazo reglamentario, el tablero marcaba 128 legisladores, uno menos de los necesarios para sesionar. La tensión quedó en evidencia cuando Martín Menem apuró a Adrián Ravier para que ocupara su lugar: «Sentate, la puta madre», le exclamó. Ravier, quien demoraba el inicio mientras recibía salutaciones por su reciente designación como vocero presidencial, finalmente tomó asiento y habilitó el debate.
Iniciada la sesión, Ravier presentó su renuncia a la banca para asumir formalmente sus funciones en el Ejecutivo. En su reemplazo juró el bullrichista Martín Matzkin, quien se desempeñaba como subsecretario de Articulación Federal en el Ministerio de Seguridad. El recambio parlamentario contó con la presencia en el recinto de la ministra Patricia Bullrich, madrina política del flamante diputado.
Para alcanzar el número necesario y asegurar la sesión, el oficialismo y el PRO contaron con el acompañamiento clave de la UCR, el MID, bloques provinciales ligados a los gobernadores de Catamarca, Tucumán, San Juan y Salta, y los monobloques de Manuel Garrido y Karina Banfi.
Cruces por el caso Adorni
La oposición buscó capitalizar la fuerte disputa en torno al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, acusado de presunto enriquecimiento ilícito. Esto se dio apenas 24 horas después de que naufragara una sesión especial motorizada por la oposición para interpelar al ministro coordinador.
La diputada Myriam Bregman (Frente de Izquierda) solicitó tratar sobre tablas una moción de censura contra el funcionario, pero la iniciativa cosechó apenas 104 votos a favor y 125 en contra, lejos de los tres cuartos requeridos. Por su parte, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) tildó la situación de Adorni como «insostenible» y cargó contra el PRO y la UCR por haber hecho caer la sesión del martes. Ferraro propuso fijar un plazo perentorio para que la comisión de Asuntos Constitucionales dictaminara sobre los proyectos contra el Jefe de Gabinete, moción que también resultó rechazada por 122 votos afirmativos frente a 108 negativos.
El cruce escaló cuando Cristian Ritondo, jefe de la bancada del PRO, acusó a la oposición de querer montar «un show». Esto provocó la réplica del peronista Germán Martínez (Unión por la Patria): «Ritondo, nadie te pide tanto».
Fin del litigio con holdouts
Superada la discusión política, se dio paso al tratamiento del acuerdo conciliatorio con los fondos Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund, acreedores de títulos en default desde la crisis de 2001. El proyecto fue aprobado por 139 votos a favor y 97 en contra, sin abstenciones.
El miembro informante del oficialismo, Alberto «Bertie» Benegas Lynch, defendió el acuerdo argumentando que representa la oportunidad de «cerrar esta herida de deshonra internacional» tras 25 años. Advirtió, además, que el entendimiento fijado en los tribunales de Estados Unidos cuenta con un plazo límite al 30 de junio; de no ser refrendado por el Congreso, se reactivarían las demandas y los procesos de discovery (búsqueda de activos para eventuales embargos).
Desde el plano técnico, el Gobierno subrayó que el acuerdo implica una quita superior al 30% respecto del monto global reclamado:
- Attestor: redujo su reclamo de US$160 millones a US$104 millones.
- Bainbridge: redujo su demanda de US$96 millones a US$67 millones.
- Total a abonar: US$171 millones.
La postura de rechazo estuvo liderada por el interbloque de Unión por la Patria. El diputado Itai Hagman contestó las acusaciones del oficialismo —que tildó de «apóstoles del default» a la oposición— recordando que el colapso de 2001 fue la consecuencia de las políticas de Carlos Menem, «el mejor Gobierno de la historia según el Presidente». Hagman denunció que «toda la política de este Gobierno está subordinada a una única variable: bajar el riesgo país para volver a endeudar a la Argentina».
En sintonía, la legisladora Vanesa Siley cuestionó que se priorice el pago a los mercados internacionales en un contexto de recesión y caída salarial, mientras que Germán Martínez criticó la brevedad del dictamen oficial oficial (de apenas nueve líneas) y alertó sobre posibles fallas de argumentación jurídica utilizables en el exterior. La sesión también anotó la llamativa ausencia de Máximo Kirchner durante la votación.
Próximo paso: el «Súper RIGI»
Hacia la segunda mitad de la jornada, la Cámara inició la discusión del «Súper RIGI», un régimen de incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios diseñado específicamente para proyectos tecnológicos, industriales y de infraestructura digital estratégica.
El proyecto estipula un exigente piso de inversión de US$1.000 millones, requiriendo un desembolso inicial del 20% en los primeros dos años. A cambio, ofrece un fuerte paquete de beneficios por un plazo de 30 años:
- Alícuota reducida del 15% en el Impuesto a las Ganancias.
- Estabilidad tributaria y cambiaria.
- Exención de derechos de importación y exportación junto con amortización acelerada.
- Liberación progresiva de divisas hasta alcanzar el 100% al tercer año.
- Prerrogativa de someter controversias a tribunales internacionales (como el Ciadi).
Para garantizar el acompañamiento de la UCR, el PRO y fuerzas provinciales, el texto original sufrió ocho modificaciones en comisiones. Entre los cambios incorporados se destaca la obligación de los inversores de presentar un plan de desarrollo de proveedores locales con un piso de contratación del 20%, incentivos específicos para investigación y desarrollo, y mayores resguardos ambientales que faculten el rechazo de proyectos con impacto negativo severo en sus áreas de influencia.
De consolidarse la tendencia favorable que exhibió el oficialismo con el proyecto de los fondos buitre, la iniciativa obtendrá la media sanción y será girada formalmente al Senado para su eventual conversión en ley.
Al inicio de la sesión se aprobaron también convenios internacionales preexistentes sobre doble imposición con Francia, seguridad social con Suiza y San Marino, y cooperación contra la pesca ilegal.
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