Cruce en la Legislatura porteña por la ampliación del presupuesto 2026. Libertarios defienden el gasto ante las críticas de Claudia Neira y la oposición.
La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires se convirtió una vez más en el escenario de una fuerte disputa política. En una jornada marcada por la polarización, la Comisión de Presupuesto emitió dictamen favorable para el proyecto de ampliación presupuestaria del ejercicio 2026, pero no sin antes enfrentar duros cuestionamientos de la oposición que elevaron la temperatura del debate.
El centro de la controversia giró en torno a la legisladora de Unión por la Patria, Claudia Neira, quien puso en duda la transparencia y la orientación de los recursos solicitados por el Ejecutivo porteño. Neira advirtió que el incremento de partidas carece de una «planificación clara» y manifestó su preocupación sobre cómo la gestión actual administra los fondos públicos en un contexto de fragilidad económica.
El contraataque libertario
La respuesta no se hizo esperar. Los diputados del bloque de La Libertad Avanza (LLA) salieron en defensa de la medida impulsada por el Gobierno de la Ciudad, calificando las críticas de la oposición como «infundadas» y motivadas estrictamente por intereses electorales.
Desde el espacio libertario argumentaron que la ampliación es una herramienta técnica indispensable para garantizar la prestación de servicios esenciales y el funcionamiento del Estado. Según sostienen, el ajuste responde a variables macroeconómicas —principalmente la inflación— que han superado las estimaciones originales realizadas en noviembre del año pasado, cuando se sancionó la ley de presupuesto vigente.
Los detalles técnicos: Inflación e Ingresos Brutos
El proyecto, que ahora deberá ser tratado en el recinto, se encuadra en la Ley N° 70 de Gestión y Administración Financiera. El texto oficial justifica la solicitud en la necesidad de «adecuar las previsiones a la dinámica inflacionaria», que ha impactado de lleno en los costos de salarios, insumos y obras públicas.
Paralelamente, la Comisión —presidida por Waldo Wolff y con la participación de figuras como Nicolás Pakgojz y Matías Lammens— abordó modificaciones en la política tributaria. Entre los puntos más destacados se encuentran:
- Ingresos Brutos: actualización de alícuotas y parámetros de facturación para evitar que la inflación aumente de forma indirecta la presión fiscal sobre los contribuyentes.
- Alivio administrativo: se elevó a $10.000 el monto mínimo de deuda tributaria que no impedirá realizar trámites, una medida orientada a simplificar la burocracia para PyMEs y pequeños comerciantes.
- Equidad fiscal: se busca mantener la neutralidad de los impuestos frente a la evolución nominal de la economía.
Incentivos a la inversión: del RIGI al RIMICABA
La jornada legislativa también incluyó un debate conjunto con la Comisión de Desarrollo Económico sobre el fomento a las inversiones. En primer lugar, se trató la adhesión de la Ciudad al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), establecido por la Ley Nacional 27.742.
Sin embargo, la novedad local fue el avance del RIMICABA (Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires). Este proyecto busca crear un ecosistema favorable para capitales de mediana escala, intentando dinamizar la actividad económica porteña en medio de la disputa por el gasto público.
Con el dictamen ya firmado, se espera que el debate llegue al recinto en las próximas semanas. El escenario anticipa una votación reñida donde la transparencia en el uso de los fondos y la eficiencia del gasto público seguirán siendo el eje de la confrontación entre el oficialismo y el bloque de Unión por la Patria
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