El oficialismo busca dictaminar la ley de inviolabilidad de la propiedad privada en el Senado, en medio de cruces políticos y críticas de especialistas.
El Senado fue escenario este miércoles de un intenso debate en torno al proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, presididas por Agustín Coto y Nadia Márquez, respectivamente, recibió a una decena de expositores en una jornada que comenzó con tecnicismos legales y terminó en un duro enfrentamiento ideológico entre el oficialismo y el kirchnerismo.
Un cruce de alto voltaje
El momento de mayor tensión se produjo durante la exposición de la ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar. La funcionaria bonaerense vinculó de forma directa la iniciativa con los intereses del FMI y los Estados Unidos, asegurando que el proyecto representa una «entrega de soberanía». Sin embargo, la polémica escaló cuando Vilar relacionó la norma con la situación judicial de Cristina Kirchner: “Necesitan tener presa a la expresidenta porque con ella libre se defendería el patrimonio de nuestro país”, lanzó.
La respuesta no se hizo esperar. La senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista, tildó la intervención de «panfleto político» y defendió la ley como una herramienta para que el Estado deje de ser «el enemigo que roba la propiedad». Por su parte, la neuquina Nadia Márquez retrucó secamente: “La expresidenta no está presa por lo que piensa, está presa por corrupta”.
Los ejes del conflicto: desalojos y medio ambiente
El proyecto, defendido originalmente por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, propone cambios estructurales en varios frentes:
- Desalojos exprés: habilita juicios sumarísimos para desalojos por intrusión o falta de pago.
- Tierras Rurales: elimina restricciones para la compra de tierras por parte de ciudadanos extranjeros.
- Manejo del Fuego: suprime límites para el uso agrícola o inmobiliario de terrenos boscosos afectados por incendios.
- Barrios Populares: descentraliza la regularización dominial de villas y asentamientos.
Voces críticas y el rol de los aliados
A pesar de ser invitado por el oficialismo, el constitucionalista Daniel Sabsay planteó reparos significativos. Si bien coincidió en la necesidad de agilizar desalojos en casos de ocupaciones violentas —mencionando a grupos que se autoperciben mapuches—, advirtió sobre el posible impacto negativo en la protección del medio ambiente y la situación habitacional de los sectores más vulnerables.
Desde la oposición, referentes de barrios populares y excombatientes de Malvinas denunciaron que la norma «ataca a los más marginados» y convierte la tierra en un simple commodity. Juan Ignacio Maquieyra, de la organización TECHO, alertó sobre la vulnerabilidad en la que quedarían millones de niños en barrios populares si se elimina la prohibición de desalojos sin un plan de integración previo.
Próximos pasos
Pese a las resistencias, La Libertad Avanza mantiene su hoja de ruta. Según fuentes parlamentarias, el oficialismo está abierto a realizar modificaciones menores para asegurar el acompañamiento de la «oposición dialoguista». El objetivo es firmar el dictamen el próximo miércoles 22 de abril, con la intención de llevar el proyecto al recinto el 29 o 30 de abril, en una sesión que podría coincidir con el informe de gestión del jefe de Gabinete en Diputados.
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