Documentos filtrados revelan una presunta campaña rusa para influir en la agenda informativa local. Pero más allá del origen externo, el caso deja al descubierto un problema interno: la debilidad estructural, económica y editorial de muchos medios argentinos frente a la manipulación.
El caso, revelado por un consorcio internacional liderado por openDemocracy, señala que entre junio y octubre de 2024 se habrían financiado al menos 250 contenidos en más de 20 medios argentinos. En 2026, el tema sigue sin resolverse: hay negaciones, silencio editorial y advertencias institucionales sobre un sistema informativo vulnerable.
La denuncia tiene un origen concreto y verificable: una investigación internacional basada en 76 documentos filtrados, obtenidos inicialmente por el medio africano The Continent y analizados por un consorcio que incluye a openDemocracy, Dossier Center, iStories, Forbidden Stories y la plataforma argentina Filtraleaks.
Los archivos describen la actividad de una estructura conocida como “La Compañía”, presuntamente vinculada al servicio de inteligencia exterior ruso (SVR) y a ex operadores del grupo Wagner.
El dato más contundente es económico:
- US$ 283.000 presupuestados para insertar contenidos en medios argentinos
- Al menos 250 artículos publicados
- Más de 20 medios digitales involucrados
- Tarifas estimadas entre US$ 350 y US$ 3.100 por nota
A esto se suman otros US$ 343.000 destinados a tareas de inteligencia, relevamiento político y construcción de redes de influencia local.
LOS MEDIOS BAJO LA LUPA
Los documentos mencionan explícitamente a varios portales argentinos, entre ellos:
- Realpolitik
- Diario Registrado
- C5N
- Ámbito
- A24.com
- El Destape
- Big Bang News
- Dos Bases
- El Grito del Sur
- Diario Con Vos (luego Es Nota)
Según la investigación, muchos de estos sitios habrían publicado artículos con características similares:
- Falta de autoría verificable
- Firmas inexistentes
- Contenido con sesgo crítico hacia el gobierno
- Inserción de narrativas geopolíticas favorables a Rusia
AUTORES FALSOS Y PERIODISMO BAJO SOSPECHA
Uno de los puntos más graves es la utilización de identidades ficticias.
Entre los nombres detectados aparecen:
- Manuel Godsin
- Gabriel di Taranto
- Juan Carlos López
- Marcelo Lopreiatto
En varios casos:
- Las imágenes eran generadas con inteligencia artificial o tomadas de bancos de fotos
- Los antecedentes académicos eran falsos
- No existía registro real de estas personas
Incluso se detectó que algunos perfiles habían sido utilizados previamente en campañas de desinformación en África.
REACCIONES DE LOS MEDIOS Y PERIODISTAS
El consorcio internacional logró contactar a responsables de 15 de los medios involucrados. Las respuestas muestran un patrón claro:
- Negación de vínculos económicos con Rusia
- Reconocimiento de que algunos contenidos llegaron a través de “intermediarios”
- Admisión de controles editoriales débiles en ciertos casos
- Sorpresa por los montos mencionados
Algunas definiciones clave:
- Desde Realpolitik, su director sostuvo que desconocen el origen de ciertas columnas publicadas.
- En Big Bang News, negaron cualquier financiamiento externo y atribuyeron las notas a decisiones editoriales internas.
- En El Grito del Sur, su editor Yair Cybel fue más explícito ideológicamente, afirmando que publican contenido crítico al gobierno si tiene “fundamento”, aunque rechazó haber recibido dinero.
Otros medios relevantes como C5N, Ámbito, A24 y El Destape optaron por no responder a las consultas periodísticas.
Dos fuentes, sin embargo, reconocieron haber recibido pagos por publicaciones, aunque por montos considerablemente menores a los consignados en los documentos.
QUÉ PASA HOY: EL CASO EN 2026
A la fecha, el caso sigue abierto y sin resolución judicial clara en Argentina.
Las principales novedades son:
- El Gobierno argentino confirmó en 2025 la detección de una posible red de influencia rusa
- Se identificó a dos ciudadanos rusos residentes en el país:
- Lev Andriashvili
- Irina Yakovenko
- Ambos negaron cualquier vinculación con operaciones de desinformación
Según el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), estos actores abandonaron el país tras ser señalados y luego regresaron meses después.
En paralelo:
- No hay imputaciones judiciales firmes
- No se conocieron sanciones a medios
- No hubo auditorías públicas profundas sobre los contenidos publicados
Esto genera un escenario de alta incertidumbre y baja rendición de cuentas.
UN PROBLEMA MÁS PROFUNDO QUE LA INJERENCIA EXTERNA
Especialistas como el investigador Martín Becerra (CONICET) advierten que el problema no es solo geopolítico.
El contexto argentino presenta condiciones propicias para este tipo de operaciones:
- Salarios periodísticos bajos (muchos por debajo de US$ 700)
- Crisis del modelo de negocio de medios digitales
- Debilitamiento de controles editoriales
- Alta polarización política
En ese marco, la desinformación no necesita imponerse: encuentra terreno fértil.
La investigación internacional puso en evidencia una trama compleja, con dinero, inteligencia y estrategia global. Pero también dejó al descubierto algo más incómodo: la fragilidad local.
Porque si bien la operación pudo haber sido diseñada desde el exterior, su efectividad dependió —en gran medida— de fallas internas.
A más de un año de los hechos, sin sanciones claras, sin responsables identificados y con los mismos problemas estructurales intactos, la pregunta ya no es solo quién intentó influir.
La pregunta de fondo es otra:
¿puede el periodismo argentino garantizar hoy la integridad de la información, o está expuesto —más de lo que admite— a convertirse en herramienta de intereses que ni siquiera reconoce?
La experiencia internacional demuestra que este problema no es nuevo ni exclusivo de la Argentina. La Digital Services Act en la Unión Europea obliga a las grandes plataformas y a los actores digitales a transparentar el origen de los contenidos, identificar publicidad política y actuar frente a redes de desinformación coordinada. En paralelo, países como Francia y Alemania han avanzado con marcos regulatorios que sancionan la difusión deliberada de noticias falsas en contextos sensibles, como procesos electorales.
Incluso en Estados Unidos, tras los escándalos de injerencia extranjera, se fortalecieron los sistemas de monitoreo, cooperación entre agencias y exigencias de transparencia en publicidad política digital.
Argentina, en cambio, sigue sin un marco específico que aborde de manera integral la desinformación organizada y la infiltración de intereses externos en el sistema de medios.
Frente a este escenario, empieza a tomar fuerza la necesidad de una agenda concreta que incluya:
- Registro obligatorio de contenidos patrocinados o provistos por terceros, con trazabilidad clara
- Protocolos mínimos de verificación editorial, especialmente en medios digitales
- Sanciones para la publicación deliberada de identidades falsas o contenido manipulado
- Organismos independientes de auditoría y transparencia informativa
- Alfabetización mediática para la ciudadanía, como política de Estado
No se trata de limitar la libertad de expresión, sino de proteger el derecho a la información veraz, que es la base de cualquier democracia sólida.
Porque en un mundo donde las operaciones de influencia son cada vez más sofisticadas, la defensa ya no puede ser solo individual ni depender de la buena voluntad de los medios.
La pregunta que queda abierta no es solo qué pasó, sino qué se está dispuesto a hacer hacia adelante:
¿va a esperar Argentina a ser nuevamente un terreno fértil para la desinformación global, o es momento de construir reglas claras que protejan, de una vez, a quienes consumen información todos los días?
