El gobernador de Córdoba dispuso un fondo de $450 millones para mitigar la crisis del sector ante el desfinanciamiento del Gobierno nacional.
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, anunció este miércoles la disposición de un refuerzo económico de $450 millones para instituciones que trabajan con personas con discapacidad. El objetivo es garantizar el funcionamiento de instituciones clave que hoy se encuentran en riesgo financiero debido al incumplimiento de fondos por parte del Gobierno nacional.
El anuncio se realizó tras una reunión de más de dos horas en el Centro Cívico, donde el mandatario, acompañado por la ministra de Salud y Desarrollo Humano, Liliana Montero, recibió a representantes de entidades emblemáticas como el Cottolengo Don Orione, APADIM y la Fundación IRAM, entre otras.
Un fondo de emergencia ante el incumplimiento nacional
Según explicó Llaryora, los fondos provendrán de una readecuación del Fondo de Emergencia para la Discapacidad. «Este fondo originalmente fue creado para financiar proyectos nuevos, pero he tomado la decisión de aplicarlo exclusivamente para sostener y reforzar a las instituciones en este momento de crisis», afirmó el gobernador.
El mandatario fue contundente al señalar que la crisis actual es consecuencia directa de la falta de pagos nacionales: «Si no se cumplen los envíos de fondos que corresponden a cada entidad, el esfuerzo que hace la Provincia no alcanzará para sostener todos los servicios». Asimismo, instó a la Nación a normalizar la situación para evitar un colapso mayor.

Salud pública en alerta
Por su parte, la ministra Liliana Montero calificó el panorama actual como un «verdadero descuartizamiento de la salud pública». La funcionaria destacó que muchas de estas instituciones brindan prestaciones a través de PAMI o el programa Incluir Salud, organismos nacionales que han interrumpido o demorado sus aportes, dejando a cientos de personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad.
Además del aporte para gastos corrientes, la Provincia reactivará un complemento alimentario destinado específicamente a aquellas entidades que ofrecen servicios de doble jornada.
El testimonio de las instituciones: «No vimos una crisis igual en 25 años»
Los representantes de las organizaciones civiles coincidieron en la gravedad de la situación. Leandro Ator, presidente del Colectivo 3 de Diciembre, advirtió sobre el impacto del aumento de combustibles y el congelamiento de aranceles: «No registramos una crisis similar en los últimos 25 años. El Gobierno nacional prácticamente nos ha dejado fuera del sistema».
Desde el Cottolengo Don Orione, señalaron que este apoyo estatal es vital para la subsistencia diaria y para cubrir las necesidades de quienes residen en sus hogares. Martín Passini, de APADIM, advirtió sobre el «daño sanitario grave» que genera la interrupción de pagos desde finales del año pasado.
Datos clave de la medida:
- Monto del refuerzo: $450.000.000.
- Destino: gastos de funcionamiento y complemento alimentario.
- Contexto: inversión provincial anual de $4.500 millones en el Fondo de Inclusión Social.
- Afectados: instituciones con más de 100 personas a cargo que dejaron de percibir fondos nacionales.











































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