En un fallo contundente, la Cámara Contencioso Administrativo Federal rechazó la apelación del Ejecutivo y ratificó la vigencia de la norma. Los jueces calificaron de «poco serios» los argumentos oficiales y priorizaron el derecho constitucional a la educación superior.
La disputa entre el Poder Ejecutivo y el sistema universitario nacional sumó un capítulo decisivo. La Justicia Federal ratificó que el Gobierno nacional debe aplicar de forma inmediata la Ley de Financiamiento Universitario (Ley 27.795), obligando a la actualización urgente de salarios docentes y no docentes, así como de las partidas para becas y funcionamiento.
La resolución, dictada por los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, confirma la medida cautelar que ya había sido impulsada en primera instancia por el juez Enrique Cormick, tras un amparo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
El tribunal fue tajante al desestimar los planteos del ministerio de Capital Humano y de Economía. El Gobierno sostenía que la ley ponía en riesgo el «equilibrio fiscal» y que no se habían especificado las fuentes de financiamiento. Sin embargo, los magistrados consideraron estos argumentos como «poco serios», señalando que el impacto fiscal de la medida es bajo en comparación con el daño que el desfinanciamiento produce sobre un derecho humano fundamental.
«No se puede suspender una ley vigente mediante una norma administrativa o decretos reglamentarios que la desnaturalicen», expresaron los jueces en su escrito. Además, subrayaron el carácter «alimentario» de los salarios universitarios, los cuales han sufrido un deterioro histórico frente a la inflación desde diciembre de 2023.
La ratificación de la justicia obliga al Estado a:
- Recomponer salarios: ajustar los haberes de los trabajadores universitarios de acuerdo a la variación acumulada de la inflación desde finales de 2023.
- Actualizar becas: incrementar los montos de programas clave como las becas Progresar y Manuel Belgrano.
- Garantizar gastos de funcionamiento: asegurar el envío de fondos para servicios, salud y programas de investigación que se encontraban paralizados.
Desde la Casa Rosada adelantaron que apelarán la decisión ante la Corte Suprema de Justicia. No obstante, fuentes oficiales sugirieron que, ante la presión judicial, se podría comenzar a cumplir con la ley mediante giros mensuales, aunque intentarán impulsar una «ley alternativa» en el Congreso que modifique las pautas de indexación.
Por su parte, los gremios docentes (como ADIUC y CONADU) celebraron el fallo, pero advirtieron que mantendrán el plan de lucha y el paro nacional hasta que se verifique el impacto real de los fondos en las cuentas universitarias. «La única solución al conflicto es cumplir la ley vigente», sentenciaron desde los sindicatos.
