El Gobierno busca reformar la Ley de Financiamiento Universitario tras el revés judicial. La tensión con los rectores y gremios docentes escala en un escenario de paros y movilizaciones.
El Gobierno nacional decidió retomar su ofensiva legislativa para modificar la Ley de Financiamiento Universitario. La decisión surge como una reacción directa ante los fallos judiciales que le ordenan al Ejecutivo cumplir con la normativa sancionada por el Congreso en 2025, la cual exige una actualización presupuestaria y salarial acorde a la inflación.
Tras el fallo en segunda instancia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, que dio la razón a las universidades, la Casa Rosada se encuentra en una encrucijada financiera. Según estimaciones oficiales, la aplicación plena de la ley actual implicaría un desembolso adicional de aproximadamente $2,5 billones, una cifra que choca de frente con el objetivo de déficit cero del ministerio de Economía.
El plan de reforma
El proyecto que el oficialismo busca reactivar en la Cámara de Diputados —originalmente presentado en febrero— propone un esquema mucho más austero. Entre los puntos principales de la reforma se destacan:
- Recorte en la recomposición salarial: mientras que la ley vigente busca recuperar el poder adquisitivo perdido desde diciembre de 2023, la propuesta oficial solo reconoce parcialmente la pérdida de 2025, dejando fuera el fuerte impacto inflacionario del año anterior.
- Aumentos por tramos: se plantean incrementos del 4,1% distribuidos en tres etapas y convocatorias a paritarias trimestrales, pero sin la obligatoriedad de que los ajustes sigan el ritmo de la inflación.
- Partida para salud: como contrapartida, el Gobierno incluyó una asignación de $80.000 millones destinada específicamente al sistema de salud universitario, un ítem que no estaba contemplado originalmente.
Resistencia en la comunidad educativa
La estrategia oficial enfrenta un clima de alta conflictividad. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) manifestó su rechazo tajante a cualquier modificación que signifique un retroceso en los fondos obtenidos por vía legal. Para los rectores, el fallo judicial es «cosa juzgada» y debe cumplirse de inmediato.
En paralelo, los gremios docentes y no docentes profundizaron su plan de lucha. Bajo la consigna de la «Carpa por la Universidad y la Soberanía«, diversos sectores de la comunidad educativa mantienen jornadas de paro y visibilización que se extenderán hasta finales de abril.
El frente judicial y legislativo
Mientras los asesores de Santiago Caputo y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, intentan conseguir los votos necesarios para la reforma, el Gobierno también juega su última carta en la Justicia. Presentaron un recurso extraordinario ante la Corte Suprema con la intención de suspender la ejecución de la ley, argumentando que la norma compromete la estabilidad macroeconómica del país.
El escenario permanece abierto y de final incierto. Con la Justicia presionando por el cumplimiento de la ley y el oficialismo buscando una vía de escape legislativa, el conflicto universitario se consolida como uno de los desafíos políticos más complejos para la administración actual en este primer cuatrimestre de 2026.
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