El sector solicita cambios urgentes en la Ley de Inocencia Fiscal ante el avance de las ejecuciones de ARCA y la fuerte caída del consumo interno.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) avanza con su reclamo ante el Congreso. La entidad solicitó a los presidentes de bloque del Senado incorporar cambios clave en el proyecto de la Ley de Inocencia Fiscal pymes, buscando frenar el impacto de la crisis económica en el sector.
La demanda de la entidad pyme replica los puntos presentados la semana pasada ante el Ministerio de Economía y busca frenar de manera urgente el impacto del incremento de embargos y multas que actualmente lleva adelante el ARCA.
Los tres ejes del reclamo pyme
La propuesta elevada por CAME a los legisladores nacionales se estructura en tres pedidos fundamentales para garantizar la supervivencia financiera de las empresas:
- Reducción de multas: solicitan que no se apliquen sanciones durante el denominado “Período de Espera” previsto por ARCA. Asimismo, proponen que si el contribuyente regulariza su situación dentro de los 15 días posteriores a dicho plazo, la multa se reduzca en un 50%, aplicando la sanción total únicamente si se vence este período de gracia.
- Suspensión de ejecuciones y embargos: exigen establecer una tregua temporal en las ejecuciones fiscales y en las medidas cautelares (incluyendo el congelamiento de cuentas bancarias) para todo el sector pyme.
- Plan especial de pagos: proponen la creación de un régimen de facilidades de hasta 48 cuotas para deudas vencidas al 31 de mayo (así como para planes vigentes y caducos). Este esquema incluiría la condonación del 50% de los intereses devengados y una tasa de financiación equivalente a la mitad de la tasa pasiva del Banco Nación.
Un contexto de asfixia económica
La ofensiva gremial-empresaria de CAME no se da en el vacío. El sector comercial e industrial pyme opera actualmente en un marco de consumo fuertemente deprimido. A este panorama se le suman las recientes advertencias sobre la propuesta de reforma tributaria del FMI, la cual —según señalan desde el sector— amenaza con reducir aún más el poder adquisitivo de los trabajadores y encarecer los costos de la formalidad para los sectores de menores ingresos.
Vicente Lourenzo, coordinador de la Comisión de Asuntos Tributarios de CAME, sintetizó la urgencia del reclamo: “Confiamos en que el Senado le otorgará a nuestro planteo un tratamiento prioritario. La situación requiere de resguardar a miles de empresas y trabajadores que dependen de la fortaleza y continuidad del sector productivo argentino”.
Para la conducción de la entidad, la intervención de la Cámara Alta es indispensable para preservar el empleo, fortalecer la competitividad de las pymes y otorgar un piso de previsibilidad jurídica que acompañe el desarrollo sostenible en este escenario de transformación económica. La pelota queda ahora del lado de los senadores, quienes deberán definir si flexibilizan la presión fiscal o mantienen el rumbo recaudatorio actual.
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