Dirigentes sindicales y sociales marcharon al Ministerio de Economía por el sobreendeudamiento. El Gobierno califica el conflicto como «un tema entre privados».
La Confederación General del Trabajo (CGT), las dos CTA, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) y agrupaciones de izquierda encabezaron este jueves por la tarde una masiva movilización hacia el Palacio de Hacienda. Bajo la consigna «El endeudamiento no es un asunto privado, es una política de Gobierno», los manifestantes exigieron medidas urgentes para paliar la situación de 5,8 millones de hogares argentinos atrapados en deudas bancarias, financieras e informales.
La jornada de protesta comenzó por la mañana con una concentración de cámaras pyme en la Plaza de Mayo en el marco del Día del Empresario Nacional, donde reclamaron el tratamiento de la Ley de Emergencia PyME frente al cierre de empresas y el desplome de la actividad. Pasadas las 14 horas, las columnas sindicales y sociales avanzaron hacia el Ministerio de Economía, sorteando el fuerte vallado policial dispuesto alrededor de la plaza.
Un reclamo estructural ante el ahogo financiero
Durante la manifestación, representantes sindicales entregaron un petitorio dirigido al ministro de Economía, Luis Caputo. En el documento, las centrales obreras advirtieron que la caída de los ingresos reales y las tasas de interés desreguladas llevaron la morosidad al 12,3% en mayo —el nivel más alto registrado desde 2001—, afectando principalmente el pago de tarjetas de crédito y préstamos personales destinados a la compra de alimentos y medicamentos.
En el documento la CGT exigió la puesta en marcha de un programa de refinanciación de deudas con plazos extendidos y cuotas reducidas para liberar recursos hacia el consumo. Asimismo, solicitó al BCRA que cumpla con su función reguladora sobre las tasas aplicadas por bancos, billeteras virtuales y aplicaciones financieras, advirtiendo que la falta de acceso al crédito formal empuja a las familias vulnerables a financiamientos informales con intereses usurarios.
Desde el sector sindical, referentes como Rodolfo Aguiar (ATE) remarcaron que «el Gobierno no puede seguir mirando para otro lado».
La postura oficial: «Un problema entre privados»
Pese a la magnitud de la protesta y la acumulación de más de treinta proyectos de ley presentados por la oposición en el Congreso para abordar la problemática, la postura oficial se mantuvo firme. En los días previos, tanto el presidente Javier Milei como el ministro Luis Caputo descartaron la posibilidad de implementar un rescate o asistencia estatal.
Caputo sostuvo que se trata de un «problema entre privados» y señaló que no se debe confundir la empatía con las políticas públicas, argumentando que el Poder Ejecutivo debe resguardar los recursos de los contribuyentes. Frente a esto, las organizaciones manifestantes retrucaron que el ahogo financiero doméstico forma parte de una política deliberada del Gobierno nacional.
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