El Gobierno busca derogar la ley que establece un precio fijo en todo el país y el sector editorial advierte sobre un posible cierre masivo de librerías.
El Gobierno nacional impulsa la derogación de la Ley de Defensa de la Actividad Librera (Ley N.º 25.542) dentro del paquete de reformas diseñado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, conducido por Federico Sturzenegger.
Sancionada en 2001, la normativa impone un precio uniforme de venta al público para los libros en todo el país. La iniciativa oficial para desregular el sector encendió las alarmas de autores, editores y libreros, quienes denuncian que la medida pone en riesgo la supervivencia de comercios independientes y pymes editoriales.
Desregulación y concentración
La Ley 25.542 fue ideada e impulsada hace más de dos décadas por el consenso absoluto del sector tras el desembarco de grandes cadenas de supermercados que utilizaban los bestsellers como productos gancho, vendiéndolos con descuentos de hasta el 50%. La norma se inspiró en la célebre Ley Lang francesa de 1981, un modelo que rige actualmente en potencias culturales como España, Alemania y la propia Francia para evitar que la lógica del mercado arrase con la bibliodiversidad.
El mecanismo de la ley establece que el editor fija el precio final de cada título y cualquier comercio que venda el libro —desde la pequeña librería de un pueblo hasta una multinacional— debe respetarlo por igual. Se contemplan excepciones únicamente para ferias, bibliotecas o escuelas.
Al eliminarse esta regulación, los referentes de la industria advierten sobre un escenario de «competencia desleal»: grandes cadenas, supermercados y plataformas internacionales de venta en línea podrán vender títulos de alta demanda a precios muy bajos, los cuales una librería independiente no podría costear. Una vez desplazados y quebrados los comercios de cercanía, el mercado tendería irremisiblemente a la concentración monopolística y al posterior aumento de precios.
Rechazo unánime del ecosistema cultural
El Consejo de Administración de la Fundación El Libro se declaró formalmente en «estado de alerta» y emitió un duro comunicado en el que califica la normativa no como un mero resorte comercial, sino como la «columna vertebral que garantiza la diversidad bibliográfica, condiciones equitativas de competencia y la supervivencia de las librerías independientes».
«Las librerías no representan meros puntos de venta de mercancía; son verdaderos faros culturales, espacios de encuentro democrático y de promoción de la lectura. La desregulación del precio no genera mayor competitividad; desprotege a los eslabones más débiles y favorece la concentración», remarcaron desde la institución, apelando a la sociedad a alzar la voz en defensa de las librerías.
En el mismo sentido, la Cámara Argentina del Libro (CAL) insistió en que el precio unificado es la herramienta clave para proteger a las editoriales PyMEs y sostener el «acceso federal a la lectura». Editoriales independientes como Corregidor y Homo Sapiens también expresaron su firme postura en redes y medios, señalando que estas normativas no le generan gasto alguno al Estado, por lo que su derogación no implica un ahorro fiscal, sino un «ataque directo a la identidad cultural».
El factor Amazon
José «Perico» Pérez, titular de la librería y editorial rosarina Homo Sapiens, alertó sobre las consecuencias prácticas de la llegada irrestricta de multinacionales del e-commerce: «Si viene Amazon empieza a hacer estragos como pasó en Brasil y en México. Hoy uno de los mayores peligros es Amazon».
Pérez enfatizó el rol insustituible que cumple el librero tradicional como prescriptor cultural frente al algoritmo o al repositor de un hipermercado: «El lector, si empiezan a desaparecer las librerías, pierde el criterio de autoridad, de recomendación. En una librería no solo se venden libros, funcionan talleres de lectura y escritura, espacios donde los abuelos van con sus nietos. ¿Por qué tocar algo en lo que todos estamos de acuerdo y que al Estado no le cuesta nada?», cuestionó.
Modificaciones cruzadas en el sector cultural
La derogación de la Ley del Libro se enmarca en una reestructuración más amplia que lleva adelante el Gobierno. El anteproyecto oficial prevé trasladar la autoridad de aplicación a la Secretaría de Cultura y derogar también otras normas emblemáticas del sector cultural y profesional, como la Ley 23.316 (vinculada a la industria del doblaje) y el artículo 6.º de la Ley 20.305, que exigía la traducción obligatoria al castellano para publicaciones en el país salvo excepciones puntuales.
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