El Gobierno nacional presentará acciones penales contra directivos y petroleras que operan sin autorización en la Plataforma Continental Argentina.
El Gobierno de Javier Milei anunció este miércoles nuevas denuncias penales contra empresas que realizan actividades de exploración y explotación petrolera no autorizadas en las Islas Malvinas. La medida busca llevar ante la justicia no solo a las firmas corporativas, sino también a directores, gerentes y administradores que hayan intervenido en la toma de decisiones.
De acuerdo con el comunicado de la Oficina del Presidente, el accionar judicial responde a presuntas violaciones de la Ley 26.659. Esta normativa sanciona la actividad hidrocarburífera ilegal en la Plataforma Continental Argentina con penas administrativas e inhabilitaciones de 5 a 20 años para operar en el país.
Directivos en la mira de la Justicia
La Casa Rosada ratificó que el Estado impulsará procedimientos para responsabilizar individualmente a las personas físicas que hayan actuado como partícipes de las decisiones ilícitas.
«El Estado nacional sigue y seguirá advancing en la implementación de aquellas acciones que permitan responsabilizar a todos aquellos que se encuentren violando nuestra soberanía nacional», sostuvo la Casa Rosada en un comunicado, remarcando que las acciones «no se limitarán a las personas jurídicas».
La nómina de investigados buscará alcanzar a directores y gerentes, administradores y representantes legales, y a cualquier partícipe que, desde su cargo o función, haya tomado decisiones vinculadas a la ejecución de estas operaciones.
Las cinco empresas investigadas
Fuentes oficiales confirmaron que esta nueva presentación penal apunta a cinco sociedades comerciales específicas:
- Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited
- Rockhopper Exploration (Oil) Limited
- Borders & Southern Falkland Islands Limited
- Borders & Southern Petroleum PLC
- Desire Petroleum Limited
Estas acciones se suman a la denuncia presentada a comienzos de semana por la Cancillería, a cargo de Pablo Quirno, y el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, contra otras compañías vinculadas al desarrollo del proyecto petrolero Sea Lion (entre ellas Navitas Petroleum, JHI Associates y Eco Oil & Gas). Con el nuevo esquema, la Casa Rosada contabiliza un total de 60 personas físicas y jurídicas sujetas a procedimientos sancionatorios.
Endurecimiento de la estrategia soberana
La escalada judicial forma parte de un paquete integral de medidas para frenar la explotación ilegítima de recursos en el Atlántico Sur. Entre los antecedentes recientes se encuentra la firma del Decreto 868/2026, orientado a agilizar los trámites administrativos para la aplicación de sanciones.
Adicionalmente, el Gobierno analiza modificar la Ley 26.659 para ampliar las sanciones e incluir a otras actividades extractivas, como la pesca sin autorización. Estas acciones se complementan con el envío al Congreso de la nueva Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y la orden presidencial de dar prioridad presupuestaria a la construcción de la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego en el Proyecto de Presupuesto 2027.
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