El Senado dio media sanción al proyecto de Propiedad Privada, pero el Gobierno debió retirar los capítulos sobre Ley de Tierras y Manejo del Fuego.
En una sesión maratónica de más de diez horas que se extendió hasta la madrugada, el Senado otorgó media sanción al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La iniciativa impulsada por el Ministerio de Desregulación cosechó 37 votos a favor y 33 en contra en general. Sin embargo, el resultado dejó un sabor agridulce en la Casa Rosada: para evitar lo que hubiera sido la primera derrota parlamentaria del oficialismo en la Cámara Alta, La Libertad Avanza (LLA) debió retirar los apartados sobre la modificación a la Ley de Manejo del Fuego y el fin de los límites a la venta de tierras rurales a extranjeros.
La jornada comenzó pasadas las 14 hs con un intento del peronismo por regresar el proyecto a comisiones —moción impulsada por José Mayans que fue rechazada por 38 votos contra 31— y la resolución de no habilitar la participación remota de los senadores Anabel Fernández Sagasti y Flavio Fama. A partir de allí, la discusión se concentró en un proyecto profundamente recortado respecto del borrador original.
El repliegue de la bancada oficialista
El derrotero del texto reflejó las fragilidades de los acuerdos del oficialismo en el recinto. Tras haber resignado 48 horas antes el capítulo que eliminaba el tope del 15% para la extranjerización de tierras productivas, la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, se enfrentó a la sangría de votos aliados en torno a la Ley de Manejo del Fuego. Gobernadores como Gustavo Sáenz (Salta), Rolando Figueroa (Neuquén), Hugo Passalacqua (Misiones) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), sumados a senadores de provincias patagónicas como Edith Terenzi, le retiraron su apoyo al capítulo ambiental.
Ante la inminencia de un resultado adverso, el miembro informante y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto, anunció el retiro del Capítulo 3 antes de la votación en general. De esta forma, continuarán vigentes las prohibiciones de cambio de uso de suelo por 30 y 60 años sobre terrenos afectados por incendios, norma sancionada durante la gestión anterior.
Asimismo, en el camino parlamentario quedó descartada la reforma de la Ley 27.453 de integración socio-urbana de barrios populares (Renabap).
Los tres ejes del texto aprobado
El proyecto que ahora deberá tratar la Cámara de Diputados quedó acotado a tres capítulos centrales:
- Desalojos exprés: Se establece el trámite por juicio sumarísimo para procesos de desalojo tanto urbanos como rurales. Habilita al juez a disponer la entrega inmediata del inmueble en cualquier estado del proceso bajo caución juratoria si el derecho invocado es verosímil. En casos de falta de pago de alquileres, se fijan 10 días de intimación previa —con validez de notificación electrónica—. A pedido de la oposición dialoguista, si el procedimiento involucra a menores, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo, se deberá dar intervención a organismos de protección para garantizar una alternativa habitacional en un plazo de hasta 10 días.
- Régimen de expropiaciones: Declara que la utilidad pública será de interpretación restrictiva, exigiendo al Estado justificar la medida como idónea, necesaria y proporcional. La indemnización se limitará al valor de mercado y daños directos, topeando el lucro cesante en un 30% del daño emergente salvo prueba en contrario. Además, fija un límite máximo de 90 días (prorrogables por única vez) para ocupaciones temporáneas anormales por parte del Estado.
- Modernización registral y usucapión: Dispone la creación del Consejo Federal de Registros de la Propiedad Inmueble y una Ventanilla Única Federal Inmobiliaria. En forma paralela, extiende los beneficios de la regularización dominial (usucapión de 10 años) a agricultores familiares para inmuebles rurales donde residan y produzcan.
Cruces en el recinto
El debate expuso marcadas diferencias filosóficas entre los bloques. Desde la bancada oficialista, la senadora María Belén Monte de Oca defendió el dictamen señalando que la norma busca «devolver la garantía a la propiedad privada y poner orden donde antes había caos». En el mismo sentido, Agustín Monteverde argumentó que las dilaciones en la restitución de inmuebles terminan «devastando el mercado de alquileres».
Por su parte, la oposición kirchnerista cargó con dureza contra el proyecto. El senador Mariano Recalde cuestionó la celeridad de los desalojos al advertir que «incluyen a los inquilinos con contrato por el mero retraso en el pago en un contexto donde la gente no llega a fin de mes». A su vez, Martín Soria criticó la reforma al régimen de expropiaciones al sostener que encarecerá los procesos para el Estado al incorporar conceptos como el lucro cesante.
Al cierre de la sesión, Bullrich defendió el núcleo de la iniciativa aprobada enfatizando que «la propiedad privada da certeza a los ciudadanos» y cuestionó la pasividad judicial ante las ocupaciones ilegales. Aunque la titular de la bancada oficialista preservó su invicto sin derrotas directas en el recinto, la transferencia del debate a Diputados reabrirá la discusión sobre un proyecto que perdió sus reformas estructurales más ambiciosas en el Senado.
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