La Ciudad de Buenos Aires clausuró una galería y 10 locales de celulares robados en Once tras un decreto de Jorge Macri que endurece los controles y declara la emergencia.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aplicó un duro golpe a la venta ilegal de tecnología en Balvanera. Tras la firma del Decreto 295/26 por parte del jefe de Gobierno, Jorge Macri, la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y la Policía de la Ciudad desarrollaron un operativo conjunto que derivó en la clausura de 10 locales comerciales y una galería completa en la zona de Once.
Durante las inspecciones se incautaron 75 teléfonos celulares, herramientas de precisión para liberación y desguace, y cientos de repuestos ilegales. Los procedimientos se concentraron en áreas catalogadas de «Alta Criticidad», abarcando comercios sobre la calle Corrientes al 2100, Junín al 3000, la Galería “La Juanita” (Av. Pueyrredón 9), la Galería “La Internacional” (Corrientes 2330) y el paseo comercial “La Recova”, ubicado en la intersección de Azcuénaga y Pueyrredón.
Incautaciones y un hecho insólito en pleno operativo
Uno de los puntos clave del despliegue tuvo lugar en el local 47 de la galería “La Recova”. Allí, las fuerzas de fiscalización incautaron 22 dispositivos —incluidos modelos gama media y alta de firmas como Apple, Samsung y Motorola— con denuncias activas por robo en el sistema del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), además de 79 módulos y estaciones de soldadura.
El procedimiento dejó en evidencia la dinámica del circuito ilegal con una escena insólita: en medio de la inspección, una clienta se presentó en el establecimiento para pedir la reparación de un teléfono que resultó estar denunciado por robo. La Justicia ordenó la inmediata imputación tanto de la mujer como del encargado del local, un hombre de nacionalidad peruana de 44 años. Ante la gravedad de los hallazgos y las inconsistencias operativas, la totalidad del paseo comercial «La Recova» fue clausurado.
«Ley y orden»: la postura del Gobierno porteño
A través de sus canales oficiales, Jorge Macri ratificó la firmeza de la medida y envió un mensaje categórico a los actores de la cadena informal: “Reventamos 10 cuevas de celulares robados en Once. Reitero por si a estos mafiosos no les quedó claro: o dejan de vender celulares robados o no vamos a dejar ni un local en pie. Ley y orden”.
En la misma línea, el jefe de Gobierno remarcó que las maniobras contra la compraventa clandestina apuntan a desarticular estructuras complejas de delito: “El que compra un teléfono robado para desarmarlo y venderlo por partes no es un comerciante: es un delincuente que forma parte de una red mafiosa”.
Las claves del Decreto 295/26
El marco regulatorio implementado por la administración porteña busca asfixiar la cadena de valor de los aparatos robados mediante un esquema progresivo de control y fiscalización estricta. Entre los puntos nodales de la normativa se destacan:
- Se declara por 90 días corridos la emergencia para la comercialización y reparación de celulares usados en toda la jurisdicción porteña.
- Durante el periodo de emergencia, queda congelada la tramitación de nuevas habilitaciones, transferencias de comercios o ampliaciones de rubro dentro de las zonas delimitadas como críticas.
- Se crea un registro de trazabilidad. Los comerciantes están obligados a certificar con documentación respaldatoria la tenencia legítima de cada equipo, pieza o repuesto en stock o taller. La AGC clausurará de forma directa los locales que no puedan probar la legalidad de la mercadería.
- Se fijó un mapa prioritario para intervenciones de saturación basado en mapas del delito, denuncias e historial de incumplimientos. Los primeros polígonos delimitados son Retiro–Microcentro, Balvanera–Once, Liniers–Límite Oeste y Chacarita–Villa Crespo.
Desde la sede de Uspallata remarcaron que este despliegue forma parte de una estrategia integral que permitió bajar los índices delictivos a mínimos históricos en el territorio porteño. El plan abarca la liberación de más de 670 cuadras antes ocupadas por el comercio informal o manteros en veredas y avenidas comerciales, la restitución de más de 900 inmuebles usurpados y el control estricto sobre las construcciones no regularizadas en barrios como la Villa 31 y La Carbonilla.
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