Tras ocho años, una familia recuperó su casa en Bahía Blanca y Bacacay. Funcionaba un taller clandestino con riesgo de derrumbe.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires recuperó la propiedad usurpada número 800 desde el inicio de la actual gestión. El inmueble, una estructura de planta baja y primer piso ubicada en la intersección de las calles Bahía Blanca y Bacacay, en el barrio de Floresta, fue finalmente devuelto a sus legítimos dueños tras permanecer ocupado de forma ilegal durante ocho años.
La vivienda pertenece a la familia Castro desde el año 1968. Según relató Patricia Castro, actual propietaria, su padre, José Castro Rodríguez —fallecido en 2021—, había alquilado la propiedad en 2018 a ciudadanos de nacionalidad boliviana. Sin embargo, en julio de 2022 los inquilinos dejaron de pagar el alquiler y se negaron rotundamente a abandonar el lugar.
A partir de ese momento comenzó un extenso calvario judicial. Los herederos iniciaron el proceso de sucesión, obtuvieron el reconocimiento de la Justicia y enviaron reiteradas cartas documento sin recibir respuesta alguna. «Intenté recuperar la casa por vía judicial, pero un fiscal quiso avanzar y otro decidió archivar la causa hasta que logramos la sentencia», explicó la dueña, detallando las trabas burocráticas del proceso. Finalmente, la demanda judicial prosperó y se dictó una sentencia firme de desalojo en 2023, la cual recién pudo ejecutarse en las últimas horas.
Un búnker ilegal con riesgo de derrumbe
La situación puertas adentro de la vivienda excedía los límites de una simple ocupación por falta de pago. Los usurpadores habían montado un taller textil clandestino y se dedicaban a subalquilar las habitaciones. Al momento del ingreso de la Policía de la Ciudad, los ocupantes intentaron desarmar de urgencia cinco máquinas de coser con las que operaban ilegalmente.
Asimismo, Patricia Castro alertó sobre los perfiles de quienes habitaban el lugar: “Sé por vecinos que ahora había familias bolivianas que alguna vez estuvieron conectadas con problemas de trata en la villa 1.11.14”. Tras el desalojo, personal de la Guardia de Auxilio procedió a la clausura inmediata del edificio debido al grave riesgo de derrumbe en el que se encontraba la estructura.
El despliegue policial y social contó con la participación de un equipo multidisciplinario integrado por los ministerios de Seguridad y de Desarrollo Humano, la Secretaría de Ordenamiento Urbano, el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y la Jefatura de Gabinete. Durante las acciones, la Red de Atención se encargó de censar a las personas que se encontraban dentro del inmueble.
Definiciones políticas: el derecho a la propiedad
El Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, se reunió personalmente con Patricia Castro y su madre para formalizar la restitución de la llave de su hogar. En ese marco, el mandatario fue categórico: “Estos delincuentes no solamente tomaron la casa, también montaron un negocio ilegal con un taller textil clandestino. Nunca se debió haber llegado a una situación así”.
Acompañado por el ministro de Seguridad, Horacio Giménez, y el secretario del área, Maximiliano Piñeiro, Macri apuntó contra los sectores que minimizan estas situaciones: “Estas son las historias que los defensores de okupas no quieren que mostremos. Siempre vamos a estar del lado de los porteños de bien. Durante años nadie los escuchó. Ya recuperamos 800 propiedades y liberamos, por ejemplo, un barrio entero como Balvanera. No nos vamos a detener”.
Según datos oficiales provistos por la administración de la Ciudad, el valor de los inmuebles recuperados y devueltos a sus dueños legítimos supera los 400 millones de dólares. Los registros estadísticos de la actual gestión arrojan un promedio de una propiedad recuperada por cada día hábil. Los operativos de desalojo se concentran mayoritariamente en los barrios de Balvanera, La Boca, Almagro, Constitución, Flores, Barracas y Palermo.
“En la Ciudad la ley es la misma, lo que cambió es la decisión política”, concluyó el Jefe de Gobierno, destacando que el canal de denuncias y reuniones vecinales es clave para la obtención de datos que permitan avanzar con los operativos. Por su parte, el ministro Giménez ratificó el impacto de la medida en la vida cotidiana de los ciudadanos: “En los lugares donde se devolvió una propiedad usurpada el delito bajó. Y eso se logra con decisión política y gestión”.
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