La Legislatura porteña aprobó el financiamiento de la Línea F, la Ley Antitrapitos y fuertes restricciones a los vapeadores.
La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó un paquete de reformas clave. Los diputados dieron luz verde al financiamiento para la construcción de la Línea F de subte, sancionaron la Ley Antitrapitos e impusieron duras restricciones al uso y venta de vapeadores.
Luz verde a la Línea F
Con 56 votos a favor, uno en contra y ninguna abstención, se aprobó el proyecto del Poder Ejecutivo para contraer un crédito público de hasta 1.350 millones de dólares. Estos fondos, que se obtendrán a través de organismos multilaterales, instituciones financieras y títulos de deuda, se destinarán a la construcción total de la Línea F. La megaobra busca optimizar la conectividad del transporte, expandir la red subterránea y mejorar la movilidad urbana.
Al respecto, el diputado Waldo Wolff (Vamos por Más) celebró el desenlace: “Esta Legislatura toma una decisión que trasciende un mandato, una gestión, e incluso una generación. Con esta ley, estamos autorizando el financiamiento para la construcción de la Línea F de subterráneos. La primera nueva línea de subte impulsada en la ciudad de los últimos 25 años”.
Ley Antitrapitos
Otra de las iniciativas centrales de la Jefatura de Gobierno fue la sanción de la Ley Antitrapitos, aprobada con 35 votos a favor y 18 en contra. La norma reforma los artículos 91 y 92 del Código Contravencional (Ley 1.472), endureciendo las penas para la oferta no autorizada de estacionamiento, cuidado de coches o limpieza de vidrios en el espacio público.
“Esta ley responde a uno de los reclamos más frecuentes y recurrentes por parte de los vecinos. La contravención de ‘cuida coches’ es una las acciones más denunciadas”, fundamentó la diputada Gimena Villafruela (Vamos por Más). En sintonía, Claudia Neira (Fuerza por Buenos Aires) remarcó la necesidad de “discutir soluciones reales con la valentía de llamar a las cosas por su nombre”.
El nuevo marco legal establece penas de 5 a 30 días de arresto, trabajos comunitarios y multas de hasta 4.000 unidades fijas. El castigo se duplicará en casos de desigualdad de género y trepará hasta los 60 días de arresto para quienes organicen estas redes. Asimismo, habrá sanciones agravadas en eventos masivos y grandes parques, inhabilitaciones para entidades involucradas, y se implementarán Oficinas Móviles del Ministerio Público Fiscal para recibir denuncias in situ. Como contrapartida, el Estado tendrá la obligación de informar a los contraventores sobre los programas de asistencia social disponibles.
Fuerte ofensiva contra los vapeadores y el cigarrillo electrónico
En materia de salud pública y ambiental, se aprobó la regulación de la venta, uso y promoción de vapeadores y productos emergentes de tabaco o nicotina. La normativa prohíbe el acceso a menores de 18 años y equipara estos dispositivos a las restricciones del tabaco tradicional.
De ahora en más, queda estrictamente prohibido vapear en espacios cerrados de acceso público —como escuelas, hospitales, transportes y centros culturales— y se veta la publicidad o el patrocinio fuera de los comercios habilitados. Los locales que incumplan se enfrentarán a multas de entre 500 y 5.000 unidades fijas, decomiso de mercadería y clausuras. A la par, se modernizarán los programas de cesación tabáquica en hospitales, se creará un registro local de Evali (lesión pulmonar asociada al vapeo) y se obligará a una gestión diferenciada de los residuos electrónicos de estos aparatos en los Puntos Verdes de la Ciudad.
Desendeudamiento, Ley Hojarasca y cambios en la VTV
El paquete legislativo se completó con tres importantes iniciativas que ya contaban con dictamen de comisión. Por un lado, se aprobó el Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal. Es un proyecto del diputado Leandro Santoro (Fuerza por Buenos Aires) que dispone la creación de una línea exclusiva de créditos del Banco Ciudad con condiciones favorables para cancelar y refinanciar deudas personales previas, sumando incentivos para que se incorporen entidades financieras privadas.
Por otro lado, se aprobó la Ley Hojarasca, redactada por la legisladora María del Pilar Ramírez (La Libertad Avanza). Busca eliminar leyes, registros y regulaciones obsoletas para desburocratizar la gestión administrativa porteña y aliviar las cargas para los ciudadanos y las empresas.
Asimismo, se aprobaron las modificaciones en la VTV, también impulsada por Ramírez. Esta norma amplía la red de talleres y concesionarios autorizados para realizar la VTV. Además, flexibiliza de manera sustancial los plazos de vigencia: los autos particulares 0 km harán su primera verificación recién a los 5 años (60 meses) del patentamiento; los vehículos de hasta 10 años de antigüedad deberán realizarla cada dos años, y solo aquellos que superen la década de antigüedad mantendrán la revisión con carácter anual.
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