El proyecto de ley bonaerense apunta a fijar un piso mínimo de derechos laborales para repartidores y choferes de plataformas digitales frente al AMBA.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, envió a la Legislatura bonaerense un proyecto de ley para regular el trabajo en plataformas digitales. El texto, elaborado por el Ministerio de Trabajo provincial a cargo de Walter Correa, apunta a garantizar un marco normativo específico en materia de salud, seguridad, transparencia salarial y condiciones laborales para un sector que hasta el momento creció sin regulaciones.
Con esta iniciativa, la gestión provincial busca tomar un rumbo opuesto a las políticas del gobierno nacional de Javier Milei. La reforma laboral nacional, consolidada recientemente mediante el Decreto 407/2026, ubicó a las empresas de aplicaciones bajo la órbita de la Secretaría de Transporte y definió a sus trabajadores como «prestadores independientes», excluyéndolos de la Ley de Contrato de Trabajo. Al respecto, Kicillof sostuvo ante la Legislatura que «modernizar las normas laborales no significa quitar derechos, nada menos moderno que desproteger a quienes trabajan».
De acuerdo con estimaciones de la cartera laboral de la provincia, en la Argentina trabajan entre 600 mil y un millón de personas a través de plataformas digitales. El grueso de la actividad se concentra en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde cerca de medio millón de repartidores se desempeñan bajo un sistema algorítmico que asigna las tareas y fija el valor de los viajes con criterios no transparentes. Ante el aumento del desempleo en sectores tradicionales como el textil y el metalúrgico, Kicillof advirtió que la mayor oferta de mano de obra provocó una caída en los ingresos de los repartidores.
Los alcances y ejes centrales de la propuesta
Aunque el texto del proyecto de ley no menciona marcas específicas, define de manera genérica a las plataformas digitales y potencialmente alcanzaría a firmas de transporte de pasajeros como Uber, Cabify y DiDi, así como a empresas de delivery y reparto como Rappi, PedidosYa y Uber Eats.
Para regular el sector, el Ejecutivo propone la creación del «Plan Integral para el Trabajo mediante Plataformas Digitales», que incluye las siguientes medidas:
- Registro y deber de informar: se creará un Registro de inscripción obligatoria para las empresas dentro del Ministerio de Trabajo. Las plataformas deberán brindar datos transparentes sobre la cantidad de personal activo, condiciones de contratación, horas trabajadas e ingresos promedio.
- Seguro de accidentes obligatorio: las empresas deberán costear de forma exclusiva una cobertura de accidentes personales que proteja al trabajador desde el momento de conexión hasta la desconexión, cubriendo muerte accidental, invalidez y asistencia médica, inclusive en los trayectos hacia y desde el lugar de trabajo (in itinere).
- Aplicación móvil y paradores: el proyecto contempla una app oficial equipada con un botón de pánico de seguridad y emergencias médicas. Asimismo, se exigirá la instalación de paradores con sanitarios, agua potable, espacios de descanso y estacionamiento en los centros de operación de las empresas.
- Regulación de «tiendas invisibles» y microcréditos: los locales a puertas cerradas que despachan exclusivamente por apps de delivery deberán cumplir con las mismas condiciones mínimas de higiene y descanso. A su vez, se prevé una articulación con el Banco Provincia para otorgar microcréditos destinados a la renovación y mantenimiento de herramientas de trabajo como motos, bicicletas y cascos.
Respuestas judiciales e internacionales
La propuesta de la administración bonaerense se sustenta legalmente en el denominado «fallo Rappi» de la Suprema Corte de Justicia provincial, el cual ratificó la potestad del Ministerio de Trabajo para fiscalizar a estas empresas basándose en el principio de primacía de la realidad laboral. Asimismo, la provincia invoca el poder de policía en materia laboral reflejado en la Constitución de la provincia y las normativas vigentes de fiscalización.
A nivel global, los funcionarios bonaerenses destacaron que el proyecto se alinea con las recomendaciones surgidas de la 113ª y 114ª Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT (realizada en junio de este año), donde se adoptó de forma tripartita un Convenio sobre trabajo decente en plataformas digitales, tomando como espejo las experiencias regulatorias ya aplicadas en países como España, Francia, Gran Bretaña y México.
Finalmente, el Ministerio de Trabajo bonaerense será la autoridad encargada de aplicar las sanciones en caso de incumplimiento, catalogando la falta de registro o de paradores como infracciones graves o muy graves cuando pongan en riesgo inminente la salud de las y los trabajadores. Una vez que la ley sea sancionada, se invitará a los distintos municipios de la provincia a adherirse a la norma.
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