El ministerio de Economía y la Ciudad cerraron un acuerdo por 800.000 millones de pesos. Se frena el reclamo reciente, pero sigue el litigio por la era Alberto Fernández.
El Gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires (CABA) sellaron un acuerdo para cancelar la deuda de coparticipación generada por los retrasos del último año. El ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, destrabaron el conflicto técnico mediante la transferencia de una cartera de bonos en pesos con vencimiento a siete meses.
El monto total de la operación asciende a los $800.000 millones. Esta regularización fiscal ya estaba contemplada por la administración capitalina dentro del Presupuesto 2026 de la Ciudad. Con este esquema, ambas jurisdicciones logran normalizar la situación financiera de la administración porteña, que ya tenía contemplada esta regularización dentro del Presupuesto 2026 de la Ciudad.
El origen de las demoras recientes
El conflicto actual se remonta al pacto alcanzado en septiembre de 2024, el cual contaba con la supervisión de la Justicia. En aquel momento, tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), se determinó que la Nación debía transferir a la Ciudad un coeficiente del 1,55%, que sumado al 1,4% recibido de forma automática, elevaba el índice total al 2,95%.
A pesar de que la Corte había ordenado transferencias diarias mediante el Banco Nación, el Ejecutivo nacional solicitó una modificación, y la Ciudad aceptó que los fondos se enviaran de forma directa semanalmente desde el Tesoro nacional. Si bien el mecanismo funcionó con normalidad durante los primeros meses, a partir de julio del año pasado los pagos comenzaron a ralentizarse y acumularon la millonaria deuda que finalmente se cancelará con la entrega de los bonos a siete meses.
Un conflicto histórico que sigue abierto
Aunque las partes destacaron que la solución se alcanzó mediante un diálogo constructivo, el acuerdo actual posee un límite estricto: se restringe únicamente al pasivo generado en el último año y excluye explícitamente las deudas anteriores heredadas del kirchnerismo.
La disputa de fondo se inició en septiembre de 2020, en plena pandemia de Covid-19, cuando el entonces presidente Alberto Fernández redujo intempestivamente el coeficiente de coparticipación de la Ciudad del 3,5% al 2,32% a través del Decreto 735/2020. Posteriormente, el Congreso de la Nación sancionó la Ley 27.606, que ajustó la cifra al 1,4% básico más un monto fijo asignado al área de Seguridad.
A fines de 2022, la Corte Suprema dictó una medida cautelar a favor de la Ciudad para reponer el coeficiente del 1,55% adicional (alcanzando el 2,95%), disposición que nunca fue acatada por la anterior gestión presidencial.
Debido a esto, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires mantiene firme su reclamo ante los tribunales por una deuda acumulada estimada en 6.000 millones de dólares, producto de lo que consideran una quita inconstitucional de recursos. Mientras las cuentas actuales se estabilizan con la inyección de bonos soberanos, la administración de Jorge Macri continúa evaluando alternativas legales y administrativas para recuperar los fondos recortados desde 2020, una batalla de largo aliento que aún permanece abierta.
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