La medida elimina controles de precios, trabas a la importación y regulaciones en cuotas de colegios privados.
El Gobierno nacional profundizó la desregulación económica al oficializar la eliminación de 58 normas vinculadas al comercio, la industria y los programas de consumo. A través de la Resolución 12/2026 de la Secretaría de Coordinación de Producción, el Ministerio de Economía dejó sin efecto controles que consideró obsoletos, superpuestos o sin sustento jurídico.
Según las autoridades, la dispersión normativa generaba incertidumbre y limitaba la actividad privada. Con este paquete de medidas, el Gobierno busca simplificar el marco legal y agilizar la gestión comercial.
Las claves del recorte normativo: qué cambia a partir de hoy
Las resoluciones eliminadas se habían dictado originalmente bajo el amparo de leyes que ya fueron modificadas o derogadas por la actual gestión, tales como la Ley de Abastecimiento, la Ley de Góndolas y la normativa creadora del Observatorio de Precios.
El impacto de la poda regulatoria se concentra en cinco ejes principales:
- Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA): se eliminaron 22 normativas asociadas a este mecanismo de intervención directa, el cual buscaba controlar los precios dentro de la cadena triguera.
- Programas de fomento al consumo: quedaron sin efecto 30 normativas vinculadas a los históricos programas Ahora 12 y Cuota Simple, definidos por el oficialismo como herramientas de intervención indirecta en las condiciones crediticias cuya vigencia ya había expirado sin prórroga.
- Aranceles en educación privada: se derogaron 4 normas que obligaban a los colegios privados a notificar de manera anticipada sus aranceles. Según el Gobierno, esta exigencia incentivaba aumentos preventivos y arbitrarios por parte de los colegios, distorsionando los precios. Esto complementa el Decreto N° 787/2025, que ya había eliminado la obligación de pedir autorización estatal para modificar las cuotas.
- Controles de precios y Precios Cuidados: Se dio de baja la Resolución N° 355/2022 (junto a sus 19 modificatorias) que regulaba el control de precios de productos específicos, además de una normativa accesoria al programa Precios Cuidados.
- Comercio exterior y burocracia: Se eliminaron las resoluciones 254/2019 y 43/2022, que establecían procedimientos y requisitos de información para la autorización de importaciones de mercancías. Asimismo, se suprimió una norma que duplicaba los canales de atención para adolescentes consumidores, concentrando los reclamos en una única vía especializada.
En paralelo: la Ley Hojarasca avanza en el Congreso
Este paquete de desregulación administrativa corre en paralelo con el trámite legislativo de la denominada Ley Hojarasca. La iniciativa, impulsada por el ministro Federico Sturzenegger, ya cuenta con media sanción y propone la derogación masiva de más de 70 leyes nacionales consideradas anacrónicas o incompatibles con el modelo económico vigente.
El proyecto de ley se sostiene sobre el principio de «máxima libertad» —bajo la premisa de que todo lo que no está expresamente prohibido está permitido— y abarca los siguientes puntos fundamentales:
1. Eliminación de leyes obsoletas y tecnológicas
El texto apunta a remover regulaciones que quedaron totalmente abstractas ante el avance tecnológico y productivo, como normativas sobre la microfilmación de documentos, la televisión a color o sistemas antiguos de almacenamiento y comunicación.
2. Fin de privilegios y cambios de financiamiento
Se suprimirán normas que otorgan beneficios particulares a sectores específicos para evitar distorsiones en el mercado. Además, se le quitará el financiamiento estatal a entidades como el Círculo de Legisladores y la Federación Argentina de Municipios, las cuales pasarán a sostenerse exclusivamente con recursos propios.
3. Desburocratización y revisión de libertades
La ley prevé la disolución de organismos, comisiones o fondos que hoy poseen funciones superpuestas o que directamente ya no funcionan. Asimismo, se derogarán leyes surgidas en contextos de fuerte intervención estatal o gobiernos de facto que habilitaban el control sobre reuniones privadas, circulación y actividades culturales de los ciudadanos.
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