El ex funcionario solicitó una prórroga de 15 días extra al juez Lijo. El fiscal Pollicita detectó $43 millones sin justificar y dudas sobre US$ 400 mil.
El exjefe de Gabinete Manuel Adorni solicitó a la Justicia una prórroga de 15 días hábiles para justificar su patrimonio en la causa por presunto enriquecimiento ilícito. Deberá presentar su descargo y la documentación requerida sobre la evolución de sus bienes.
La presentación fue efectuada por su abogado defensor, Matías Ledesma, ante el juzgado federal a cargo de Ariel Lijo, quien ahora deberá resolver si otorga el beneficio del plazo extendido. De ser denegada o si las explicaciones finales resultan insuficientes para el Ministerio Público, el proceso podría derivar en una citación a declaración indagatoria como imputado.
El pedido de la defensa responde a una intimación realizada el pasado 10 de agosto por el fiscal federal Gerardo Pollicita, en la cual se exigió a Adorni justificar diversos incrementos patrimoniales, gastos y movimientos monetarios detectados entre la fecha de su asunción, el 14 de diciembre de 2023, y su renuncia el 27 de junio pasado.
Los argumentos de la defensa
El planteo defensual se fundamenta en la necesidad de compulsar y analizar en profundidad diversos elementos probatorios incorporados por el fiscal en el requerimiento de 207 páginas.
Entre esa documentación clave figuran los archivos y registros recuperados a partir de la extracción forense realizada al teléfono celular de Matías Tabar, el contratista que llevó a cabo obras de remodelación en una de las propiedades del exfuncionario. Tabar entregó su dispositivo de manera voluntaria a los investigadores, lo que permitió incorporar chats, llamadas y comprobantes vinculados a la ejecución de las obras. Para la defensa de Adorni, acceder al detalle de este material es indispensable para responder puntualmente cada uno de los cuestionamientos.
Los puntos bajo la lupa del fiscal Pollicita
La investigación técnica, realizada por un organismo especializado del Ministerio Público Fiscal, concluyó que existen severas incongruencias entre los ingresos comprobados del grupo familiar y las erogaciones registradas en el período evaluado.
El fiscal Pollicita estructuró un requerimiento de 20 puntos clave a ser justificados por Adorni, destacando los siguientes aspectos:
- Desfasaje en pesos: la fiscalía reconstruyó que en el período analizado Adorni cobró 35 sueldos que, sumados a los ingresos de su cónyuge, totalizaron $229.752.283,20. En ese mismo lapso, los gastos familiares (tarjetas de crédito, expensas, impuestos, seguros, servicios, electrodomésticos y viajes) sumaron $272.820.832,20, lo que arroja una diferencia sin justificar de $43.068.549.
- Dólares sin origen corroborado: se registran US$ 402.578,12 cuya procedencia lícita no está acreditada. Estos fondos habrían sido destinados a la adquisición y refacción integral de una propiedad en el country Indio Cuá y de un departamento en la calle Miró al 500, así como a la compra de equipamiento y mobiliario.
- Refacciones e Indio Cuá: el contratista Matías Tabar declaró haber recibido US$ 245.000 por los trabajos de remodelación en la vivienda del country Indio Cuá, cifra cuyo origen y respaldos documentales le han sido expresamente exigidos a Adorni.
- Préstamos familiares e ingresos exentos: la Fiscalía solicita constancias concretas sobre supuestos préstamos celebrados con dos familiares, de los cuales no consta su efectiva entrega ni trazabilidad, además de justificar alegadas herencias, donaciones e ingresos exentos del Impuesto a las Ganancias.
- Uso de terceros para pagos: se investiga la utilización de tarjetas de crédito a nombre de empleados estatales que trabajaban bajo su órbita en el Gobierno para efectuar compras y abonar gastos personales.
- Inversiones en Criptomonedas: se exige detallar la operatoria con criptoactivos y el capital inicial empleado, dado que dicha actividad no figuraba inicialmente en sus declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupción, aunque en su presentación de 2025 informó ingresos por venta de criptomonedas dentro de un patrimonio declarado superior a los $944 millones.
Con el vencimiento del plazo original fijado para esta semana, el juez Ariel Lijo deberá correr traslado o resolver de forma directa sobre la prórroga de dos semanas solicitada por la defensa. En caso de otorgarse la extensión, los investigadores esperarán la entrega de la totalidad de las pruebas y comprobantes para determinar si se logró subsanar las inconsistencias planteadas o si se dará paso al llamado a declaración indagatoria.
Deja una respuesta