La jueza Laura De Marinis sobreseyó a un joven de 14 años acusado de tentativa de robo al cuestionar el nuevo Régimen Penal Juvenil. Jorge Macri anunció que solicitará su destitución.
Un nuevo capítulo judicial y político se abrió tras el fallo dictado en el fuero Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires. La jueza Laura Beatriz De Marinis declaró la inconstitucionalidad del artículo 1 de la Ley 27.801 para un caso concreto y dispuso el sobreseimiento de un adolescente de 14 años (M. I. A.) imputado por tentativa de robo.
Aunque la resolución no suspende la norma de forma general como ocurrió previamente en la provincia de Buenos Aires, el fallo sienta un precedente clave y generó duras repercusiones en el oficialismo porteño.
Los argumentos del fallo judicial
El expediente judicial se inició a raíz de un episodio ocurrido el pasado 10 de septiembre a las 6:00 de la mañana en la vía pública. De acuerdo con las actuaciones, un grupo integrado por al menos cuatro jóvenes intentó sustraerle el teléfono celular a un hombre de 47 años. Tras librarse de los agresores, la víctima requirió la asistencia de un efectivo de la Policía de la Ciudad, lo que derivó en la aprehensión del grupo y en el inicio del procedimiento de flagrancia calificado por la fiscalía como tentativa de robo.
Frente al requerimiento del Ministerio Público Fiscal, la defensa oficial del adolescente planteó la inconstitucionalidad del artículo 1 del nuevo texto legal (Ley 27.801), que autoriza el juzgamiento penal a partir de los 14 años.
Al evaluar el caso, la jueza De Marinis hizo lugar al planteo y concluyó que retrotraer el límite punitivo de los 16 a los 14 años implica una medida regresiva que vulnera garantías consagradas en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Constitución Nacional. También citó sugerencias del Comité de los Derechos del Niño de la ONU de 2018 y 2024, que instó a la Argentina a mantener la edad mínima en 16 años. Asimismo, remarcó que el desarrollo de la corteza prefrontal durante la adolescencia condiciona la autorregulación de los impulsos y la comprensión de consecuencias.
Tras examinar la investigación, la jueza desestimó el intento de robo como una maniobra «burda y torpe» sin violencia consumada ni daños físicos a la víctima. También evaluó un informe socioambiental que detalló la delicada situación socioeconómica del joven y ordenó la intervención del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes para su acompañamiento social y reinserción escolar.
Jorge Macri pedirá el juicio político
El dictamen judicial desató una contundente reacción en los sectores políticos de la Ciudad y el Gobierno.
El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, cuestionó con dureza lo actuado por la jueza, catalogando la resolución como «una barbaridad» y una «extralimitación» de facultades. Macri anunció que instruyó al ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, para que efectivice la presentación de un pedido de juicio político contra De Marinis, al tiempo que confirmó que el Gobierno porteño apelará la medida judicial.
«Estos jueces garantistas defensores de delincuentes tienen que quedar en evidencia. Vamos a pedir inmediatamente juicio político», expresó Jorge Macri, agregando que «un menor de 14 años que roba es un delincuente, y en la Ciudad el delito tiene consecuencias».
En la misma línea se pronunció la senadora nacional por La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, quien reprochó el criterio adoptado por la magistrada a través de sus redes sociales, al señalar que existen magistrados «más preocupados por proteger a los delincuentes que por hacer justicia a las víctimas». Por su parte, la legisladora porteña Pilar Ramírez (LLA) exigió a la Legislatura el tratamiento del proyecto de adecuación del Régimen Procesal Penal Juvenil en la órbita de la Ciudad.
Desde los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires, fuentes judiciales anticiparon que el pronunciamiento de la jueza De Marinis cuenta con amplias probabilidades de ser revocado por la Cámara de Apelaciones del fuero, en concordancia con los criterios jurisprudenciales predominantes.
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