Argentina intimó al Reino Unido a frenar el proyecto Sea Lion en Malvinas o recurrirá al Tribunal del Derecho del Mar. También denunció vuelos ilegales ante la justicia.
El Gobierno intimó de manera formal al Reino Unido a suspender en un plazo de dos semanas todas las actividades de exploración y explotación hidrocarburífera en la Cuenca Malvinas Norte, enfocadas principalmente en el proyecto Sea Lion. A través de un comunicado de la Oficina del Presidente, se advirtió que, en caso de no cumplirse esta exigencia, Argentina acudirá al Tribunal Internacional del Derecho del Mar para solicitar medidas provisionales que resguarden los derechos soberanos sobre la Plataforma Continental Argentina.
La medida adoptada por el presidente Javier Milei instruye a la Cancillería y a los equipos jurídicos del Estado a activar el procedimiento de arbitraje contemplado en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). El mandatario se expresó al respecto en la red social X sosteniendo que la iniciativa busca frenar el «saqueo ilegal de nuestros recursos» y remarcó que el reclamo por las islas se defiende con hechos concretos.
El sustento jurídico formulado por la administración nacional apela a la Resolución 2065 (XX) de la Asamblea General de la ONU, que reconoce la existencia de una disputa de soberanía e insta a ambas naciones a negociar, así como a la Resolución 31/49, la cual exige a las partes abstenerse de tomar decisiones unilaterales que modifiquen la situación mientras continúe el proceso recomendado por el organismo internacional. En este contexto, el Estado argentino rechazó la denominación del archipiélago como «Territorio Británico de Ultramar» y la validez del referéndum de 2013.
Denuncias penales
De forma paralela, el Gobierno presentó denuncias penales e inició procedimientos administrativos contra la empresa británica Thales UK Limited tras detectar operaciones aéreas irregulares entre las Islas Malvinas y la ciudad chilena de Punta Arenas. Dichos vuelos fueron realizados con una aeronave de matrícula británica sin el permiso previo de las autoridades aeronáuticas argentinas, con el fin de trasladar a una delegación empresarial para entablar rondas de negocios con proveedores del sur de Chile.
El avance sobre el yacimiento Sea Lion ya cuenta con antecedentes en la justicia ordinaria del país. La jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, dictó una medida cautelar dirigida a las firmas involucradas, Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, intimándolas a abstenerse de continuar las obras operativas en el yacimiento, estimado en miles de millones de dólares. En paralelo, Cancillería inició contactos con el gobierno de Estados Unidos para analizar las posibilidades de una mediación internacional, trámite que requeriría la aceptación formal del Reino Unido.
La respuesta de Londres
Por el lado británico, las repercusiones oficiales no tardaron en manifestarse. Frente a las declaraciones argentinas, el secretario de Defensa británico, Wes Streeting, aseveró en medios de su país que la capacidad defensiva de las islas se mantiene firme. Asimismo, el Ministerio de Defensa británico confirmó planes para renovar parte de su flota aérea en el archipiélago mediante el reemplazo de cuatro cazas Typhoon por unidades de mayor tecnología antes de finales de noviembre de 2027.
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