La Legislatura de CABA debate los pliegos para el nuevo fuero laboral. El oficialismo busca tener el sistema en marcha para febrero.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires continúa ejecutando el plan para poner en funcionamiento el fuero laboral local. Tras la aprobación en el Congreso Nacional del convenio de traspaso de competencias —enmarcado en la Ley de Modernización Laboral—, la Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control de la Legislatura porteña convocó a audiencias públicas para evaluar las candidaturas elevadas por el Consejo de la Magistratura, con la meta de tener la nueva estructura operativa en febrero.
El ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, y el subsecretario de Trabajo, Horacio Bueno, encabezan la implementación del fuero, el cual busca resolver los litigios de trabajo bajo el fuero local y reemplazar gradualmente la órbita nacional. No obstante, el traspaso se limita a las competencias judiciales y no absorbe de manera automática a los magistrados ni a las causas en trámite del fuero nacional, las cuales mantendrán una etapa residual hasta su resolución definitiva.
Candidatos y debate en la Legislatura
El proceso legislativo arrancó con la revisión de la nómina para cubrir diez juzgados, seis lugares en la Cámara de Apelaciones, fiscalías y asesorías tutelares.
- Candidatos a jueces de primera instancia: María Sol Loredo, María Paula Nievas Ibáñez, Laura Victoria Bonhote, Laura Alejandra Calogero, Francisco Elissondo, Agustina Bergonzelli, Antonella Stringhini, Itatí Canido, Pablo Andrés Liste y Sebastián Luis Caset.
- Candidatos a la Cámara de Apelaciones: Diego Javier Tula, Martín Leonardo Furchi, Patricia Paola Ceriani, Silvia Inés Gutiérrez Garay, Gabriela Inés Fernández y Horacio Pitrau.
La Junta de Ética, presidida por Matías Lammens (Fuerza Buenos Aires) e integrada por figuras como Pilar Ramírez (La Libertad Avanza) y Guadalupe Tagliaferri, iniciará la apertura de impugnaciones y formalizará la convocatoria a audiencias públicas hacia mediados de septiembre. Tras la instancia pública, la Legislatura dispondrá de 60 días para emitir un dictamen; en caso de no expedirse en ese plazo, las designaciones quedarán oficializadas automáticamente.
Reformas normativas y financiamiento pendiente
Para concretar la transferencia, la Legislatura proyecta tratar en agosto un paquete de iniciativas que incluye:
- La ratificación del convenio con Nación.
- La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley 7) para ampliar de 10 a 80 los juzgados y llevar las salas de Apelaciones de dos a diez.
- Modificaciones al Código Procesal Laboral.
- La creación de un sistema de conciliación previa, similar al SECLO nacional.
A pesar de las perspectivas favorables en el ámbito legislativo, el principal punto de negociación entre el jefe de Gobierno, Jorge Macri, y el Gobierno nacional gira en torno a la transferencia de recursos presupuestarios. Se calcula que el costo del nuevo fuero requerirá entre el 0,5% y el 0,8% de un punto de coparticipación (entre $48.000 millones y $76.800 millones mensuales).
A su vez, el proceso enfrenta resistencia por parte de sectores judiciales y del sindicalismo. La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), conducida por Julio Piumato, obtuvo una medida cautelar que mantiene frenado el traspaso, aunque en la administración porteña confían en que la ratificación legislativa completa dejará sin efecto la traba judicial.
Otras definiciones parlamentarias
De manera paralela, la agenda de la Legislatura prevé definir cargos clave para el esquema institucional de la Ciudad:
- Defensoría del Pueblo: La audiencia pública abordará la continuidad de María Rosa Muiños al frente del organismo, junto a las candidaturas para las cinco defensorías adjuntas impulsadas por La Libertad Avanza (María Graciela Girgione, Federico Gastón Fritzler Vidal y Giselle Furcada) y el oficialismo (Silke Arndt, Delfina Vila Moret, María Florencia Caparrós y Natacha Yael Steinberg).
- Fiscalía General: Se evaluará la propuesta del Ejecutivo local para confirmar en el cargo a Juan Martín López Zavaleta, designado previamente por decreto tras la salida de Juan Bautista Mahiques.
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