La oposición en Diputados busca derogar el DNU 70/23 tras el fallo de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras. El oficialismo planea blindar el decreto.
La decisión de la Corte Suprema de validar el artículo 154 del DNU 70/23, que deroga la Ley de Tierras Rurales, desató un fuerte cimbronazo en la Cámara de Diputados. Bloques de la oposición buscan capitalizar el impacto del fallo para conseguir los votos necesarios y derogar definitivamente el mega decreto desregulador impulsado al inicio de la gestión del presidente Javier Milei.
El detonante fue la resolución del máximo tribunal que desestimó la legitimación procesal del Centro de Ex Combatientes de Islas Malvinas (CECIM) La Plata para impugnar la medida judicialmente. De esta forma, volvió a quedar sin efecto la Ley 26.737, eliminando los límites a la adquisición de campos y territorios por parte de personas o empresas extranjeras.
La oposición busca fecha para sesionar
Durante el inicio de un plenario de comisiones convocado para tratar el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, anunció que solicitarán formalmente una sesión especial para rechazar la norma. Martínez calificó la decisión judicial como un «escandaloso fallo» y sostuvo que, como consecuencia de esta medida, «la tierra de las y los argentinos puede ser vendida sin límite a los extranjeros».
En la misma línea, legisladores de la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y sectores de Provincias Unidas evalúan fijar la fecha de debate para el miércoles 7 o el 14 de octubre. Referentes de distintas fuerzas manifestaron su respaldo al rechazo: la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, afirmó que el decreto padece de «nulidad absoluta» y advirtió que si Diputados no lo trata de forma urgente será «cómplice del Poder Ejecutivo». Por su parte, el senador radical Martín Lousteau recordó que votó en contra de la norma en la Cámara alta por considerarla inconstitucional y señaló que la Cámara baja tiene ahora la oportunidad de revertirla.
Cabe recordar que el DNU 70/23 ya fue rechazado por el Senado el 14 de marzo de 2024. Sin embargo, la oposición no había alcanzado hasta el momento los consensos requeridos en Diputados para ratificar su invalidez, lo que mantuvo la desregulación sobre áreas como salud, mercado laboral, aviación, alquileres y comercio interior.
La discusión se trasladó de inmediato al plenario conducido por el diputado oficialista Carlos Zapata (Comisión de Defensa). La diputada Agustina Propato tildó la propuesta en debate como una «ley de entrega de la soberanía» y criticó la ausencia de los ministros de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, y de Defensa, Carlos Presti. Al referirse a la desregulación inmobiliaria rural, la legisladora alertó que la medida abre las puertas a que extranjeros adquieran territorios en zonas estratégicas.
Ante las críticas, Zapata precisó que la agenda de trabajo continuará la próxima semana con dos reuniones informativas a las que asistirán expositores convocados por los diferentes bloques parlamentarios.
La estrategia del oficialismo para salvar el DNU
Consciente de los riesgos que implicaría un rechazo total de la norma en materia administrativa y procesal, La Libertad Avanza ya analiza maniobras de contención para evitar que se junten los votos en el recinto.
Entre las alternativas que evalúa el Gobierno se encuentra la posibilidad de reincorporar una regulación con «restricción mínima» para la compra de tierras por parte de extranjeros dentro del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada —que cuenta con media sanción del Senado— o bien incluirlo en el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía que comenzó a debatirse esta semana. Con este giro, el oficialismo busca dar una alternativa a gobernadores y bloques dialoguistas para que puedan fijar posición sobre el régimen de tierras sin sumarse al rechazo definitivo del DNU 70/23.
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