La Armada denunció una maniobra con sueldos y falsos viáticos. Hay oficiales investigados en Comodoro Py por una estafa de $1.600 millones.
La Armada Argentina atraviesa un severo sacudón institucional tras denunciar ante la Justicia Federal un entramado de acreditaciones irregulares en la liquidación de haberes. La maniobra, que operó entre 2022 y 2026, habría generado un desvío de fondos públicos estimado entre $981 millones y más de $1.600 millones.
El origen y la mecánica del fraude
El esquema fraudulento, que habría comenzado a operar hacia julio de 2022 y se extendió hasta principios de 2026, utilizaba la alteración de registros y archivos del sistema de liquidación de haberes para solicitar al Banco Nación transferencias de dinero muy superiores a las que legalmente correspondían.
De acuerdo con las denuncias que tramitan en los tribunales de Comodoro Py, las modalidades operativas detectadas eran diversas. Se acreditaban montos inflados o conceptos especiales (como suplementos por buceo o comisiones) a personal en actividad. Además, se mantenía el pago a exintegrantes de la fuerza utilizando identidades y números de CUIL sin control directo por parte del Ministerio de Economía, derivando esos fondos a cuentas particulares a las que los implicados tenían acceso.
Asimismo, a diversos oficiales se les liquidaban sumas o viáticos adicionales de forma indebida con la condición de que devolvieran un porcentaje —frecuentemente del 50%— que luego era distribuido entre los organizadores. También se mantuvieron comisiones en el exterior vencidas para continuar cobrando viáticos ficticios, e incluso se detectó a funcionarios que percibían haberes en paralelo tanto en Argentina como en el extranjero.
Montos millonarios
El perjuicio fiscal inicialmente documentado por la propia Armada asciende a un monto histórico de $981.148.567,88, producto de al menos 645 acreditaciones irregulares identificadas en primera instancia. Sin embargo, de acuerdo con los testimonios incorporados y las estimaciones que maneja la investigación judicial, el volumen total de la defraudación se calcularía entre $1.500 millones y $1.600 millones.
Entre los receptores de los desembolsos figuran unas 23 a 25 personas vinculadas al área de liquidación de sueldos. Un dato sobresaliente de la investigación interna apunta a que una sola persona —la esposa del principal oficial señalado— habría percibido cerca de $152 millones. Asimismo, tres personas ajenas a la fuerza habrían concentrado el 44% de los sobresueldos totales desviados.
Quién es el principal acusado
El principal denunciado dentro del expediente es el capitán de navío Ariel Baltasar Atanasoff, perteneciente al Escalafón Intendencia. Según trascendió, el oficial habría admitido responsabilidades durante el sumario interno previo. Atanasoff figura en la nómina de ascensos del Cuerpo Profesional aprobada por el Senado en abril de 2026 y decretada por el Poder Ejecutivo (Decreto 262/2026), dado que las acreditaciones bajo sospecha se produjeron con anterioridad a la ratificación de su promoción.
El engranaje del circuito corrupto comenzó a desarticularse a partir de la postura de una teniente de fragata (identificada en la causa como teniente Acuña). Al negarse a recibir un suplemento indebido del cual debía devolver la mitad y resistir las presiones ejercidas por superiores, la oficial denunció el hecho en la cadena de mando. Su decisión derivó en el inicio del sumario y la posterior denuncia penal impulsada por el jefe de Servicios Financieros/Administración Financiera de la Armada, el capitán de navío Carlos Alberto Castro Mayo.
Cómo sigue la causa
El caso quedó bajo la órbita de la Justicia Federal. Por un lado, se dio intervención al Juzgado Federal N° 2, con la actuación del fiscal Ramiro González, mientras que paralelamente se han elevado actuaciones radicadas en Comodoro Py en el juzgado a cargo del juez Sebastián Ramos, donde se investiga la figura de asociación ilícita y defraudación al Estado.
Desde la cúpula de las Fuerzas Armadas trascendió la orden de aplicar «tolerancia cero» ante estas irregularidades, en tanto la Justicia busca determinar hasta qué nivel jerárquico llegaba la cadena de responsabilidades y el reparto de los retornos.
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