El Gobierno propone en el Presupuesto 2027 eliminar el nomenclador universal de discapacidad y restringir las pensiones por empleo formal.
El proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Gobierno al Congreso encendió la alarma en el sector de la discapacidad. La iniciativa propone modificaciones profundas al esquema de atención y al régimen de pensiones, lo que desató críticas de la oposición y de organizaciones sociales.
El punto central de la polémica radica en las modificaciones a la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad (Nº 27.793). En el proyecto impulsado por el Gobierno se elimina el artículo 7 bis, mecanismo que establecía la actualización automática, mensual y obligatoria de los aranceles para los prestadores en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Asimismo, el texto dispone que el Nomenclador de Prestaciones Básicas «no incluirá valores universales». De esta manera, se habilita a que cada obra social, prepaga o jurisdicción negocie de forma individual y discrecional sus propios aranceles sobre un valor mínimo, dejando únicamente al Estado Nacional una pauta de actualización trimestral dispuesta por la Secretaría Nacional de Discapacidad.
Cambios en las pensiones y barreras al empleo formal
En materia de ingresos, el Presupuesto 2027 establece la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral en el 70% del haber mínimo jubilatorio e introduce restricciones severas para su acceso y continuidad:
- Quienes cuenten con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) perderán la pensión si acceden a un empleo registrado.
- Se elimina la posibilidad de pausar el beneficio durante un contrato laboral y recuperarlo de forma inmediata al finalizar el trabajo.
- El CUD ya no otorgará el acceso directo a la pensión; los requisitos dependerán de la reglamentación del Poder Ejecutivo.
Además, el Gobierno busca derogar los artículos 5º, 8º, 9º y 14 de la Ley 27.793. La eliminación del artículo 8º quita la garantía legal que aseguraba un programa médico obligatorio con el piso de prestaciones fijado por la Ley 24.901 a los titulares de pensiones no contributivas, transformándolo en una decisión meramente administrativa.
Fuerte rechazo en el Congreso
El debate estalló en las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, en una reunión encabezada por el diputado Gerardo Huesen (La Libertad Avanza). Allí se discutía paralelamente un proyecto impulsado por la oposición para prorrogar la Ley de Emergencia en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027.
Las reacciones dentro de la Cámara Baja no se hicieron esperar. Pablo Juliano de la UCR afirmó que «es imprescindible que la ley de Emergencia en Discapacidad sea prorrogada» y cuestionó que el oficialismo «niega la emergencia y apuesta a exponer a las personas con discapacidad a más injusticias».
De la misma forma, Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica alertó sobre la fragmentación del sistema: «Eliminan el criterio de arancel único para todo el sistema y reemplazan una regla objetiva por un esquema fragmentado, discrecional e incierto […]. Toda esta crueldad, mientras el sector atraviesa una emergencia reconocida por ley».
Por su parte, fuentes del bloque PRO señalaron de manera cauta que «se está analizando en su completitud el presupuesto antes de dar una postura integral».
Por su parte, los representantes del sector también se manifestaron en contra. El Padre Pablo Molero de la Comisión de Discapacidad del Arzobispado de CABA dijo que «este gobierno lo único que hizo desde que se sentó fue destruir el sistema de Discapacidad; en el presupuesto lo sigue haciendo».
Por su parte, Marina Petterino de la Asociación de Prestadores de Discapacidad (APRESDI) también criticó las modificaciones: «Amanecimos con un proyecto devastador y angustiante, la estocada final al sistema de atención a la Discapacidad». Remarcó además severos retrasos en los pagos estatales.
Carolina Armeloni de la Cámara de Prestadores de Discapacidad de Córdoba (CAPREDIS) también advirtió que «no se puede modificar una ley nacional con un anexo del Presupuesto» y remarcó que un valor unificado garantiza equidad para evitar que existan «personas de primera, segunda o tercera clase». Asimismo, condenó la incompatibilidad laboral: «Destruye los marcos regulatorios que garantizan derechos humanos universales».
Desde el Ministerio de Salud deslindaron responsabilidades sobre los artículos incluidos en el proyecto de ley y señalaron que no tuvieron intervención en el diseño del apartado de Discapacidad, atribuyendo la redacción directamente a Presidencia.
Antecedentes
El intento por modificar el marco regulatorio del sector no es nuevo. En diciembre de 2025, el oficialismo procuró avanzar con medidas similares dentro del Presupuesto 2026, pero la oposición logró rechazar ese articulado durante la votación en particular.
Para entrar en vigencia, las reformas contempladas en el Presupuesto 2027 deberán superar el debate parlamentario. Las comisiones intervinientes continuarán sus rondas de consulta con la intención de emitir dictamen sobre la prórroga de la ley de Emergencia el próximo 23 de septiembre.
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