Los gremios reclaman una recomposición salarial frente a una pérdida del poder adquisitivo superior al 30% y denuncian que el Gobierno no liquida los fondos previstos por la Ley de Financiamiento Universitario.
Docentes universitarios confirmaron un nuevo paro nacional de 48 horas para los días 27 y 28 de agosto. La medida, impulsada por la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), junto con diversas organizaciones de base entre las que se destaca la Federación de Docentes de las Universidades de Buenos Aires (FEDUBA), profundiza el plan de lucha en las universidades públicas de todo el país.
La medida de fuerza se fundamenta en dos ejes prioritarios: el reclamo por una recomposición salarial urgente frente a los avances de la inflación y la exigencia de la transferencia efectiva de las partidas económicas dispuestas por la Ley de Financiamiento Universitario. Esta norma, ratificada por el Congreso tras el veto impuesto por el presidente Javier Milei, continúa envuelta en una disputa política y judicial. Pese a la ratificación legislativa y a la existencia de resoluciones judiciales que disponen su aplicación, las casas de estudio denuncian que el Gobierno aún no ha transferido los fondos.
Caída del poder adquisitivo y decisiones unilaterales
De acuerdo con las estimaciones presentadas por los gremios, el sector docente acumula una pérdida de aproximadamente un tercio (33%) de su poder adquisitivo desde diciembre de 2023. Las organizaciones señalan que los ajustes otorgados durante los últimos meses se dispusieron en forma unilateral por parte del Gobierno, sin la apertura de una mesa de negociación paritaria formal y fijando porcentajes que se ubicaron persistentemente por debajo de los índices de inflación.
Según los cálculos de las entidades sindicales, para lograr equiparar la capacidad de compra de los haberes con los niveles registrados a fines de 2023 se requeriría un incremento superior al 50% respecto de los ingresos vigentes. Este retraso impacta directamente en las distintas cargas horarias, afectando en particular a las dedicaciones simples y semi-exclusivas, cuyos salarios se encuentran desfasados frente a la canasta básica. Sin embargo, el deterioro atañe de igual manera a los cargos de dedicación exclusiva.
A la par de la cuestión salarial, la parálisis en el envío de recursos afecta de manera directa el funcionamiento cotidiano de las instituciones, el sostén del personal nodocente y los programas de becas que benefician al estamento estudiantil. En declaraciones públicas, el director del Ciclo Básico Común (CBC) de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Felipe Vega Terra, advirtió sobre la falta de recepción de las partidas previstas en la norma, enfatizando la obligación legal del Gobierno de dar cumplimiento a un texto ratificado por amplias mayorías en ambas cámaras del Congreso.
Preocupación por el éxodo de investigadores
Más allá del reclamo salarial inmediato, la comunidad universitaria pone el foco en las consecuencias estructurales del desfinanciamiento. Autoridades académicas y representantes sindicales señalaron una creciente inquietud ante el inicio de una fuga de profesionales e investigadores con altos niveles de especialización con títulos de maestría, doctorado y posdoctorado.
Las sustanciales brechas de ingresos respecto del sector privado o de instituciones académicas del exterior están derivando en una migración de recursos humanos calificados. Desde el ámbito universitario remarcan que esta pérdida de personal de posgrado amenaza tanto la calidad de enseñanza, como así también la producción científica y tecnológica nacional del país.
De no recibir una respuesta del Gobierno nacional, las federaciones docentes anticiparon que profundizarán las medidas de fuerza en las próximas semanas.
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