Paraguay enfrenta una fuerte crisis tras la caída de Ueno Bank y la renuncia del titular del Banco Central. La oposición impulsa un juicio político.
Paraguay atraviesa un terremoto político y financiero luego de que el Banco Central del Paraguay (BCP) decretara el inicio del proceso de resolución e intervención de Ueno Bank, una de las entidades digitales más importantes del país con casi tres millones de clientes. La medida se tomó tras comprobar que las reservas y el índice de solvencia cayeron por debajo del 50% del mínimo requerido por ley. Esto provocó el congelamiento temporal de operaciones, protestas de clientes del banco y una crisis política de escala que salpica directamente al presidente Santiago Peña.
El impacto de la caída paralizó el normal funcionamiento del sistema comercial y estatal. Diversas asociaciones mercantiles advirtieron sobre una «semiparalización» en las transacciones electrónicas cotidianas, mientras que el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) suspendió los cobros en la plataforma oficial Portal Paraguay. Asimismo, miles de jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS), que mantiene 355 millones de dólares depositados en el banco, y trabajadores estatales vieron bloqueado el acceso a sus haberes y fondos de inversión.
La respuesta del Gobierno paraguayo
Ante la escalada del conflicto, el presidente Santiago Peña canceló de urgencia su viaje a España para participar en la Cumbre Iberoamericana y exigió la renuncia inmediata del titular del BCP, Carlos Carvallo. Si bien Carvallo defendió su gestión y aseguró que su dimisión buscaba aportar tranquilidad al organismo emisor, la medida no logró calmar el descontento social ni frenar el avance de la oposición. En su reemplazo asumió de forma interina Liana Caballero.
Para mitigar el impacto sobre los ahorristas, el Gobierno acordó con los líderes de ambas cámaras legislativas el tratamiento urgente de un proyecto de ley destinado a habilitar el uso del Fondo de Garantía de Depósitos. Este mecanismo prevé cubrir hasta 75 salarios mínimos (aproximadamente 228,3 millones de guaraníes o 38.000 dólares) por persona física o jurídica, lo que alcanzaría a la gran mayoría de los depositantes particulares, al tiempo que se prometieron esquemas de protección para los saldos remanentes y los recursos previsionales del Estado.
Acciones judiciales y pedido de juicio político
La Justicia paraguaya inició operativos y ordenó la detención de diversos directivos y altos mandos de la entidad por presunto abuso de confianza y créditos irregulares a empresas vinculadas. Entre los procesados figura el CEO y fundador del banco, Miguel Vásquez, quien se entregó a las autoridades tras desplegarse un cerco policial en su domicilio.
Los vínculos históricos del presidente paraguayo con el grupo empresarial, con el que mantuvo lazos societarios hasta marzo de 2025, y la designación inicial de exdirectivos de la entidad al frente del Banco Central desataron duras críticas. Bloques de la oposición en el Congreso anunciaron la presentación formal de un pedido de juicio político contra Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana; argumentaron un presunto mal desempeño y fallas graves en la fiscalización de los fondos públicos.
Mientras el Gobierno insiste en que se trata de un inconveniente de carácter estrictamente particular que no compromete la estabilidad macroeconómica general de Paraguay, las autoridades monetarias y judiciales continúan contrarreloj con la liquidación ordenada de activos para destrabar los pagos pendientes a los ciudadanos.
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