La Cámara de Diputados aprobó avanzar con el pedido de juicio político tras la crisis de Ueno Bank. El vicepresidente Pedro Alliana se perfila para asumir la presidencia.
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, presentó su renuncia a la presidencia en medio de protestas sociales por el escándalo de la intervención y cierre de Ueno Bank. El anuncio se realizó mediante un mensaje grabado en la red social X antes de que el Congreso sesionara para debatir su destitución por mal desempeño mediante un juicio político.
«He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la Presidencia de la República. Lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas. Estoy convencido de que ningún cargo puede estar por encima del bienestar del Paraguay», manifestó Peña. Durante su discurso, el ahora exmandatario pidió disculpas a la ciudadanía y enfatizó que su prioridad es «la tranquilidad de los paraguayos que confiaron sus ahorros en nuestro sistema financiero».
Pese a la renuncia, la Cámara de Diputados rechazó la renuncia de Peña y votó por unanimidad avanzar formalmente con el proceso de juicio político para elevar la acusación al Senado. Desde sectores de la oposición explicaron que aceptar la dimisión le otorgaría automáticamente los fueros de senador vitalicio, lo que podría blindarlo ante eventuales causas judiciales por presuntas irregularidades. En paralelo, la Fiscalía General del Estado derivó las denuncias contra Peña a la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción.
El Partido Colorado retiró su respaldo
La suerte del mandatario quedó sellada cuando su principal mentor político, el expresidente Horacio Cartes, actual titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR – Partido Colorado), anunció públicamente que el oficialismo respaldaría el pedido a juicio político.
«Como presidente de la Asociación Nacional Republicana, no estaremos del lado del latrocinio de los fondos públicos, privados y de los jubilados. Debemos pensar en la gente y en los valores que sostenemos desde el Partido Colorado. Acompañamos el juicio político a los efectos de volver a reencauzar la institucionalidad de la República», aseveró Cartes. La postura fue secundada en el Senado por Natalicio Chase, líder de la bancada colorada, quien remarcó que se encontraban en juego los recursos del pueblo y la estabilidad de miles de familias.
El vicepresidente Pedro Alliana blindado para la sucesión
En la misma sesión, la Cámara de Diputados rechazó el pedido de juicio político promovido contra el vicepresidente Pedro Alliana, tras no alcanzarse los votos necesarios. La votación cerró con 48 votos en contra y 30 a favor.
Con este resultado, la bancada oficialista logró frenar la embestida opositora contra el segundo en la línea del Gobierno. La resolución despejó el escenario constitucional para que Alliana suma formalmente la presidencia de Paraguay, con un mandato previsto hasta el año 2028, una vez que el Congreso resuelva definitivamente la destitución de Peña.
El origen del escándalo: el «corralito» de Ueno Bank
El detonante de la crisis política fue el colapso de Ueno Bank, una entidad financiera de rápida expansión digital creada a fines de 2023. El Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso el martes la intervención y disolución de la entidad al constatar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50% del mínimo legal exigido. Asimismo, el organismo regulador detectó la concesión de préstamos y sobregiros irregulares a empresas del mismo grupo económico, sobrepasando ampliamente los límites permitidos.
La medida provocó la paralización total de operaciones de la firma y el congelamiento de fondos para casi 2,9 millones de clientes, en un país de 6,1 millones de habitantes. Entre los depósitos comprometidos figuran unos US$ 850 millones en fondos públicos, de los cuales cerca de US$ 380 millones corresponden a los fondos de salud y jubilaciones del Instituto de Previsión Social (IPS).
El caso tomó un alto tinte político debido a los estrechos nexos de Peña con el conglomerado controlador del banco, donde se desempeñó como accionista en Ueno Holding hasta marzo de 2025. A ello se sumó el cuestionamiento sobre la designación de Carlos Carvallo al frente del BCP al inicio de su gestión presidencial en 2023, dado que Carvallo presidía la financiera previa que dio origen al banco intervenido. Carvallo dimitió a la conducción del BCP ayer tras estallar la crisis.
Medidas de emergencia y detenciones
Para amortiguar el impacto financiero, el Congreso aprobó a contrarreloj una ley de emergencia, promulgada de inmediato por el Ejecutivo, que faculta al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) a realizar pagos anticipados de hasta 40 salarios mínimos mensuales (unos 121,7 millones de guaraníes o US$ 19.787) por depositante en un plazo de cinco días hábiles. Previamente, el BCP había habilitado desembolsos iniciales de hasta 10 millones de guaraníes. Para sustituir la vacancia en el ente regulador, Peña nombró al economista y exministro Raúl Vera Bogado.
Por su parte, la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción imputó a 27 personas por delitos financieros cometidos entre 2025 y 2026. Entre los imputados se encuentra Miguel Vásquez, fundador y mayor accionista de la entidad, para quien el Ministerio Público requirió la prisión preventiva, mientras que para otros siete altos ejecutivos se solicitó arresto domiciliario. Los directivos fueron trasladados ante las dependencias judiciales con chalecos antibalas y custodia policial.
En las calles de Asunción se registraron intensas protestas por dos noches consecutivas con las consignas «Devuelvan nuestra plata» y «Juicio a Santi Peña». Las manifestaciones frente a las sedes bancarias e instituciones del Estado derivaron en choques con las fuerzas de seguridad, que usaron gases lacrimógenos, balines de goma y carros hidrantes para contener la protesta.
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