Un estudio del IAG reveló que 1,2 millones de personas quedaron sin prepaga u obra social y saturaron la salud pública tras subas del 475% en las cuotas.
Un total de 1.246.285 personas dejaron de contar con obra social, prepaga o mutual entre el cuarto trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2026, quedando bajo la órbita exclusiva del sistema de salud pública. La cifra surge de un relevamiento del Instituto Argentina Grande (IAG) sobre los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC.
El fenómeno responde al fuerte incremento en el costo de los servicios de salud y a la caída del empleo registrado. Entre noviembre de 2023 y julio de 2026, las cuotas de la medicina prepaga registraron un aumento del 475%, superando con holgura a la inflación acumulada del período, que se ubicó en 329%. A este factor se suma la destrucción de 241.746 puestos de trabajo registrados, que interrumpe de forma directa la afiliación del trabajador y de su grupo familiar.
Golpes en las obras sociales y brechas sociodemográficas
La fuga de afiliados se refleja de manera contundente en la Superintendencia de Servicios de Salud. Las obras sociales nacionales sufrieron una contracción de 1.028.412 beneficiarios desde fines de 2023. Entidades como OSPeCon (-25,4%), OSECAC (-20,2%), OSPCN (-19,1%) y OSPRERA (-15,9%) registraron los caídas más acentuadas.
En términos de género, la pérdida afectó por igual a 624.948 mujeres y 621.337 hombres. La población femenina dependiente del sistema estatal se incrementó un 13,35%, alcanzando a más de 5,3 millones de personas.
Por su parte, los jóvenes de entre 15 y 29 años representan la franja más vulnerable: durante el primer trimestre de 2026, el 49,9% carecía de cobertura privada. Este grupo sumó 438.790 jóvenes a las filas del hospital público en comparación con fines de 2023.
Impacto federal: del Gran Buenos Aires a la Patagonia
El fenómeno se extendió por todo el país, golpeando con mayor fuerza al Área Metropolitana de Buenos Aires, donde el porcentaje de personas sin cobertura médica privada subió al 35,9% comparado al 30,8% de fines de 2023, lo que se traduce en un aumento de 904.131 personas.
En el Noreste (NEA) el porcentaje subió del 44,3% al 46,3%, lo que implicó el ingreso de 40.716 personas al sistemas público; mientras que en Cuyo el porcentaje fue del 38% frente al 34,3% de 2023 (82.708 personas). Les siguen el Noroeste (NOA) con un aumento del 39,6% (43.227 personas), la región Pampeana con una suba del 32% (146.481 personas) y la Patagonia cuyo aumento fue del 23,4% (29.022 personas).
A nivel urbano, los aglomerados con mayor crecimiento relativo de personas dependientes de la salud pública fueron Ushuaia-Río Grande (+47,1%), Viedma-Carmen de Patagones (+40,1%) y el Gran Catamarca (+21,8%).
La respuesta del Gobierno
Desde el Gobierno nacional rechazaron las conclusiones del informe del IAG y negaron una baja neta de afiliados en el sector privado. Fuenter oficiales respaldaron su postura con los relevamientos de la Unión Argentina de Salud (UAS), organismo que asegura que el universo de beneficiarios se mantiene estable.
Según la UAS, lo que sucede en el mercado es una reestructuración de la demanda hacia planes más económicos o nuevas modalidades de contratación, donde las cancelaciones resultan compensadas por la alta de nuevos usuarios. Desde la Superintendencia de Servicios de Salud señalaron que los afiliados directos registraron un alza superior a las 370.000 personas respecto a diciembre de 2023.
A su vez, cuestionaron la objetividad del informe atribuyéndole motivación política, al destacar que el Instituto Argentina Grande está conducido por Gabriel Katopodis, actual ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires.
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