El Poder Ejecutivo envió al Congreso el proyecto que busca blindar inversiones en industrias tecnológicas y energéticas por 30 años.
El Gobierno nacional envió al Congreso el proyecto de ley del nuevo Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, popularmente denominado “Súper RIGI”. La iniciativa, que consta de 115 artículos agrupados en 13 capítulos y lleva las firmas del presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el jefe de Gabinete Manuel Adorni, busca emular el esquema original de la Ley Bases pero escalando las exigencias y maximizando los beneficios hacia actividades de nulo o nulo desarrollo en el país.
El texto oficial argumenta que la Argentina ha carecido históricamente de marcos normativos que brinden la certeza jurídica necesaria para retener cadenas globales de valor en sectores de frontera tecnológica. Ante este diagnóstico, el proyecto se plantea como un “instrumento superador” diseñado específicamente para dar un salto industrializador y generar empleo formal de alta calificación.
Un piso de entrada exclusivo para «gigantes»
A diferencia de los US$ 200 millones fijados como mínimo en el RIGI original, la barrera de ingreso para el Súper RIGI se eleva drásticamente: los proyectos postulantes deberán comprometer una inversión mínima de US$ 1.000 millones en activos computables (como infraestructura, construcción y equipamiento de última generación).
Para garantizar la inmediatez del impacto económico, los inversores tendrán la obligación estricta de desembolsar al menos el 20% de ese monto total durante los primeros dos años desde su fecha de aprobación. El plazo para aplicar a este esquema de incentivos tendrá una vigencia inicial de cinco años, extendible por un único año adicional. Asimismo, las iniciativas deberán canalizarse obligatoriamente mediante Vehículos de Proyecto Único (VPU), sociedades constituidas con el fin exclusivo de desarrollar la inversión beneficiaria.
¿A qué sectores apunta a captar?
El foco del plan está delimitado para tecnologías, manufacturas avanzadas e infraestructuras digitales que hoy no existen a nivel comercial en el país o que apenas se encuentran en etapas experimentales. El articulado resalta como sectores destinatarios prioritarios a:
- Tecnología de frontera: inteligencia artificial (IA), centros de datos (data centers), semiconductores e infraestructura digital estratégica.
- Transición energética y transporte moderno: fabricación de baterías de litio y desarrollo de vehículos 100% eléctricos.
- Industrias avanzadas: biotecnología de alta complejidad y desarrollos para la industria aeroespacial.
- Recursos y manufactura: cadena de valor del uranio, nuevos productos petroquímicos complejos, fertilizantes de potasio o fósforo y productos industriales con alto valor agregado a partir de la pesca.
El texto deja en claro que quedan expresamente excluidas las reinversiones en instalaciones ya existentes, buscando el nacimiento genuino de nuevos polos productivos.
El «corazón» del proyecto: máxima reducción fiscal y cambiaria
Para seducir a las corporaciones globales en estos rubros hipercompetitivos, el Ejecutivo diseñó una estructura tributaria y aduanera agresiva, con un blindaje de estabilidad regulatoria y cambiaria garantizado por 30 años:
- Alivio impositivo drástico: la alícuota del Impuesto a las Ganancias se reduce del 35% general al 15% para los VPU adheridos. Los dividendos tributarán con una tasa recortada del 7% durante los primeros cuatro años, descendiendo a apenas el 3,5% a partir del quinto año.
- Tratamiento del IVA y pérdidas: el esquema de Impuesto al Valor Agregado funcionará mediante la devolución a través de Certificados de Crédito Fiscal que las empresas podrán transferir a terceros. Por su parte, los quebrantos impositivos (pérdidas fiscales) no tendrán límite temporal de deducción y, si no son absorbidos tras cinco años, también serán transferibles.
- Comercio exterior: se estipula la exención total de derechos de importación de bienes de capital e insumos críticos vinculados a la inversión, así como también la exención de los derechos de exportación (retenciones) para los productos manufacturados bajo el régimen.
- Costo laboral: las nuevas relaciones laborales directas que nazcan al amparo de los proyectos del Súper RIGI gozarán de una alícuota única de contribuciones patronales reducida al 10%, buscando abaratar los costos fijos de la contratación formal a gran escala.
Flexibilización cambiaria y federalismo
El aspecto financiero contempla un esquema progresivo de libre disponibilidad de las divisas obtenidas por las exportaciones del proyecto. Las compañías podrán retener en el exterior el 20% de los dólares generados tras el primer año de operaciones, el 40% al cabo del segundo año y el 100% libre a partir del tercer año de la primera exportación.
No obstante, el éxito del Súper RIGI dependerá fuertemente del mapa político provincial. Las provincias y municipios deberán adherir formalmente mediante leyes locales. El proyecto del Ejecutivo les impone condiciones claras: para sumarse al marco, las jurisdicciones provinciales deberán aceptar un tope del 0,5% en la alícuota de Ingresos Brutos y los municipios tendrán que rediseñar sus tasas de modo tal que su cálculo no quede vinculado de manera directa al volumen de ventas de las empresas. El debate legislativo que comenzará formalmente en la Cámara de Diputados en las próximas semanas promete ser el nuevo epicentro de la agenda económica nacional.
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